Primer litigio climático de España que llega al Tribunal Constitucional

Primer litigio climático de España que llega al Tribunal Constitucional

Ecologistas en Acción, Greenpeace y otras organizaciones buscan que España cumpla con sus obligaciones climáticas

 

El primer litigio climático de la historia de España ha alcanzado un nuevo hito con la presentación de una demanda ante el Tribunal Constitucional. Organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo buscan revertir la decisión del Tribunal Supremo que desestimó su demanda inicial contra el Estado español por inacción ante el cambio climático.

Contexto internacional y nacional

Este movimiento judicial se produce poco después de una sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condenó a Suiza por no proteger adecuadamente a su población de los efectos del cambio climático. Esta decisión, tomada a raíz de la demanda presentada por el colectivo KlimaSeniorinnen, un grupo de más de 2000 mujeres mayores de 65 años, establece un precedente crucial que podría influir en el caso español.

La reciente sentencia del TEDH reconoce que la inacción frente al cambio climático vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este fallo, aplicable a todos los países del Consejo de Europa, incluida España, podría ser un factor determinante en el proceso actual ante el Tribunal Constitucional español. Además, el Tribunal Internacional de la Ley del Mar ha subrayado que los estados deben prevenir, reducir y controlar la contaminación por gases de efecto invernadero, protegiendo así el medio ambiente marino en el contexto del cambio climático.

Declaraciones y objetivos

Inés Díez, representante legal de Greenpeace, declaró: "La vida y la salud de millones de personas están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia frente al cambio climático. Estamos luchando por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que puedan desarrollar una vida digna. No vamos a parar hasta que España cumpla con sus obligaciones climáticas".

El abogado de las entidades demandantes, Jaime Doreste, agregó: "Según nuestra Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España. Por lo tanto, entendemos que esta nueva interpretación del TEDH debe ser plenamente acogida por el Tribunal Constitucional".

Situación climática actual y necesidad de acción

La emergencia climática global es evidente con temperaturas anormalmente altas e incendios cada vez más intensos. En 2023, la temperatura global fue 1,45 °C superior a la era preindustrial, y los últimos 12 meses han sido los más calurosos registrados desde mediados del siglo XX. Entre 2010 y 2020, la mortalidad por desastres climáticos fue 15 veces mayor en regiones altamente vulnerables. En términos económicos, los países de ingresos bajos y medios pierden miles de millones de dólares anualmente debido al estrés térmico y las inundaciones, afectando especialmente a los hogares encabezados por mujeres.

Las organizaciones demandantes critican que España aún está lejos de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones necesarios. Según el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el objetivo de reducción de emisiones para 2030 es del 32%, muy por debajo del 55% recomendado para limitar el calentamiento global a 1,5°C.

Próximos pasos

Si el Tribunal Constitucional no falla a favor de las organizaciones demandantes, estas están preparadas para llevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Con esta acción, buscan asegurar que España asuma sus responsabilidades climáticas y tome medidas efectivas para proteger a sus ciudadanos y el medio ambiente.

Este litigio representa un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático en España, demostrando la determinación de la sociedad civil para exigir acción y responsabilidad a nivel estatal.

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