La Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico ha lanzado una normativa pionera que busca modernizar y adecuar todas las ganaderías a la Ley de Calidad Ambiental mediante una declaración responsable. El documento, publicado ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa), estará disponible para consulta pública durante los próximos diez días, periodo en el cual se podrán presentar sugerencias y propuestas de mejora.
Plazos y requisitos para la adecuación
La normativa afecta principalmente a dos tipos de instalaciones ganaderas:
- Instalaciones tradicionales (anteriores a 1961): aquellas que carecen de licencia municipal tendrán un plazo de seis meses para regularizar su situación mediante una declaración responsable desde la entrada en vigor de la resolución.
- Instalaciones en precario: estas son las instalaciones que, a pesar de cumplir con ciertos requisitos legales, no cuentan con la autorización municipal. Tendrán un plazo de doce meses, ampliable hasta dieciocho, para presentar la declaración responsable.
Detalles y novedades del procedimiento
Una de las principales innovaciones de esta normativa es la inclusión de la declaración responsable como el método más sencillo para regularizar la situación de las ganaderías. Este procedimiento forma parte de una resolución que regula la intervención ambiental de las instalaciones ganaderas en núcleos de población.
Proceso participativo y colaboración interinstitucional
La elaboración de esta normativa ha sido un esfuerzo conjunto de la Consejería de Transición Ecológica con las consejerías de Ordenación de Territorio y Medio Rural, y ha contado con la participación activa de asociaciones y sindicatos agrarios, colegios profesionales y la Federación Asturiana de Municipios (FACC).
Obligaciones técnicas ambientales
La resolución incluye también una serie de obligaciones técnicas ambientales:
- Cuadras tradicionales: deberán mantener mínimas condiciones de higiene y gestión de estiércol.
- Instalaciones en precario: deberán justificar su capacidad de almacenamiento de excrementos mediante un proyecto o memoria técnica y demostrar una superficie adecuada para su gestión.
Evaluación urbanística
Para las instalaciones en precario, los ayuntamientos deberán evaluar su conformidad con el planeamiento urbanístico vigente. En caso de no cumplir con estos requisitos, se emitirá un informe de disconformidad, indicando que ha transcurrido el plazo para su legalización urbanística. La Consejería de Transición Ecológica proporcionará modelos no oficiales de estos certificados para facilitar el proceso a los ayuntamientos una vez entre en vigor la ley.
