El Tribunal de Cuentas sentencia que la exalcaldesa utilizó fondos del Ayuntamiento de Gijón para fines personales, exigiendo la devolución del dinero más los intereses generados

La alcaldesa de Gijón, María del Carmen Moriyón, ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas a devolver 31.314,29 euros más los intereses generados, tras ser hallada responsable de utilizar fondos públicos para fines personales. La sentencia se dictó el 13 de junio de 2024 y supone un hito en la defensa de la transparencia y la legalidad en la gestión pública.

Detalles de la sentencia

El caso, iniciado por una denuncia de varios ciudadanos gijoneses, incluidos María Cecilia Sierra Menéndez y otros 14 denunciantes, junto al Ministerio Fiscal, acusaba a Moriyón de responsabilidad contable por alcance. La acusación se centraba en pagos indebidos realizados con cargo a las asignaciones del Grupo Municipal Foro Asturias.

Según la sentencia, Moriyón realizó varios pagos injustificados, incluyendo:

• Dietas personales: Moriyón recibió 13.472,85 euros en concepto de dietas, pagos que el tribunal ha determinado no estaban relacionados con su actividad corporativa en el Ayuntamiento.
• Dietas a personal del grupo: Pagos de 8.513,20 euros a Leticia García Monroy, ayudante de alcaldía, también en concepto de dietas sin justificación.
• Pagos personales: Un pago de 499,34 euros a la procuradora Visitación Díaz Rivera por representación en un asunto particular.
• Gastos con tarjeta Visa: Pagos realizados con una tarjeta de crédito del grupo municipal, que suman 30.697,42 euros, de los cuales solo se justificaron 22.525,06 euros.
• Gasto en el funicular de Bulnes: Un pago de 509,68 euros para un acto de campaña, considerado como un gasto personal.

Procedimiento y veredicto

El procedimiento de reintegro por alcance fue instruido por el Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. A lo largo del proceso, el Ministerio Fiscal y los demandantes aportaron pruebas que demostraron la utilización indebida de fondos públicos por parte de Moriyón. El tribunal consideró que estos actos constituían una vulneración de la normativa presupuestaria y contable, marcada por la negligencia grave en el manejo de caudales públicos.

Moriyón, a través de sus representantes, se allanó a las demandas, aceptando las acusaciones y solicitando la terminación del proceso sin imposición de costas. El tribunal, al considerar que el allanamiento no implicaba infracción del ordenamiento jurídico, dictó sentencia de conformidad con las pretensiones de los demandantes.

Repercusiones y declaraciones

Los ciudadanos que iniciaron la acción pública contra Moriyón han expresado que su motivación no fue el rencor, sino la defensa de la verdad y el Estado de Derecho, buscando la regeneración de la vida pública y la transparencia en la gestión democrática. La sentencia representa una victoria significativa para quienes abogan por la integridad en la administración pública.

Declaraciones oficiales

Cecilia Sierra, una de las denunciantes, declaró: "Esta sentencia es un paso crucial para asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada y que los responsables de su mal uso rindan cuentas. Defendemos la verdad y la transparencia, esenciales en nuestra democracia."

La condena a Carmen Moriyón es un recordatorio del imperativo de transparencia y responsabilidad en la gestión de recursos públicos. El fallo del Tribunal de Cuentas no solo busca reparar el daño económico causado al Ayuntamiento de Gijón, sino también fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Este caso subraya la importancia de la vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas en la construcción de una administración pública honesta y eficiente.