La Consejería de Medio Rural y Política Agraria lanza un ambicioso proyecto para desbrozar más de 30 hectáreas, limpiar 42 kilómetros de cortafuegos y construir un depósito de agua, con el objetivo de mejorar la gestión forestal y prevenir incendios.
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria anunció una inversión de 145.900 euros destinada a labores de prevención de incendios en 26 montes vecinales en mano común en el concejo de Ibias. Este proyecto, que ya ha salido a licitación, tiene un plazo de ejecución de cinco meses y pretende fortalecer la gestión forestal y la protección contra incendios en la región.
Desbroce y limpieza para la seguridad forestal
Las actuaciones previstas incluyen el desbroce de más de 30 hectáreas y la limpieza de 42 kilómetros de cortafuegos. Además, se realizarán tareas de mantenimiento en 12 kilómetros de senderos. Estas acciones son esenciales para mantener las áreas de pastos en buen estado, facilitando tanto el aprovechamiento ganadero como la lucha contra incendios.
Construcción de infraestructuras clave
Uno de los elementos más destacados del proyecto es la construcción de un depósito de agua con una capacidad de 24 metros cúbicos, diseñado para facilitar la recarga de autobombas y reducir el tiempo de respuesta ante emergencias. También se incluirá la instalación de un paso canadiense para mejorar el acceso y la gestión de las áreas forestales.
Mejoras en la gestión de pastos y cortafuegos
El deterioro progresivo de las zonas de pastos comunales ha reducido la superficie aprovechable para el ganado, lo que ha llevado a Medio Rural a proyectar mejoras en las fajas auxiliares de las pistas. Estas mejoras no solo facilitarán el paso del ganado, sino que también fortalecerán las infraestructuras necesarias para la prevención de incendios, como el mantenimiento adecuado de los cortafuegos.
Financiación y colaboración internacional
Este ambicioso proyecto cuenta con el respaldo financiero del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), que cubre el 80% del coste total. El resto de la financiación proviene del Principado de Asturias (14%) y la Administración General del Estado (6%), reflejando un esfuerzo conjunto para proteger y gestionar de manera sostenible los recursos forestales.
