La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha anunciado una inversión de 234.000 euros para la repoblación de montes de utilidad pública en los concejos de Nava, Villaviciosa, Sariego y Cabranes. Este proyecto, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), tiene como objetivo principal mantener la superficie forestal arbolada y proteger el suelo contra la erosión.

El 3 de junio de 2024, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación un ambicioso proyecto de repoblación forestal en diversos montes de los concejos de Nava, Villaviciosa, Sariego y Cabranes. La iniciativa, con un presupuesto de 234.000 euros, busca no solo mantener la superficie forestal arbolada, sino también proteger el suelo contra la erosión y fomentar la producción de madera.

Detalles de las actuaciones por concejo

Nava: En el monte Felguerón se repoblarán 47,04 hectáreas con pino del país (Pinus pinaster) y 0,68 hectáreas con abedul. Además, en el monte Mosquil se plantarán 3,03 hectáreas adicionales de pino.

Villaviciosa: La intervención en el cordal de Peón abarcará la repoblación de 40,40 hectáreas exclusivamente con Pinus pinaster.

Cabranes: En el monte Incós, se plantarán 0,72 hectáreas de Pinus pinaster y 0,42 hectáreas de frondosas variadas.

Sariego: El monte Enguilo verá la repoblación de 3,02 hectáreas con Pinus pinaster.

Beneficios y financiación

Estas actuaciones no solo buscan mantener la superficie forestal, sino también proteger el suelo contra la erosión, lo que a su vez favorece la producción de madera. El pino del país (Pinus pinaster) es especialmente resistente a la banda marrón, una enfermedad que afecta más gravemente a otras especies como el Pinus radiata, lo que hace de esta repoblación una medida estratégica para la salud forestal de la región.

El proyecto cuenta con una financiación compartida: un 80% proviene del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader), un 14% es aportado por el Principado de Asturias y el 6% restante corre a cargo de la Administración General del Estado. Se prevé que las medidas se ejecuten en un plazo de ocho meses, asegurando así una rápida implementación y beneficios a corto plazo para los ecosistemas locales.