El Principado de Asturias inyecta 2,1 millones de euros para fomentar la prevención y buenas prácticas en el sector agrario
La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias ha anunciado una extensión del plazo para solicitar ayudas destinadas a la protección de explotaciones agrarias frente a ataques de fauna salvaje. Ahora, los interesados tendrán hasta el 14 de junio para presentar sus solicitudes y beneficiarse de estas subvenciones cruciales.
Esta iniciativa, dotada con un presupuesto total de 2,1 millones de euros, cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). El objetivo principal es promover las buenas prácticas agroambientales y la prevención de daños causados por animales salvajes como lobos, osos y jabalíes.
Cobertura total de la inversión:
Las ayudas financian el 100% de las inversiones necesarias, con un mínimo de 3.000 euros y un máximo de hasta 40.000 euros por explotación. Las subvenciones cubren una variedad de medidas, incluyendo:
- Construcción o reparación de cercados.
- Creación de rediles y cercos para colmenas en áreas habitadas por osos.
- Instalación de vallas móviles y pastores eléctricos.
- Adquisición de perros mastines de guarda.
Ampliación publicada en el BOPA:
El Boletín Oficial del Principado (BOPA) ha publicado hoy la ampliación del plazo, ofreciendo a los agricultores y ganaderos una oportunidad adicional para acceder a estos fondos. Estas ayudas se complementan con las indemnizaciones existentes por daños causados por fauna salvaje, reforzando así la protección del sector primario.
¿Quiénes pueden solicitar las ayudas?
Pueden optar a estas ayudas:
- Personas físicas.
- Comunidades de bienes.
- Entidades en régimen de titularidad compartida (Ley 35/2011, de 4 de octubre).
- Personas jurídicas titulares de explotaciones agrícolas y/o ganaderas de bovino, ovino, caprino, porcino o equino que practiquen pastoreo y/o aprovechamiento forrajero.
- Explotaciones apícolas ubicadas en Asturias.
Compromiso de los beneficiarios:
Los beneficiarios de las ayudas deberán mantener las inversiones subvencionadas durante un mínimo de tres años desde el pago final de la ayuda, asegurando así la sostenibilidad y eficacia de las medidas implementadas.
