En un acto de respuesta firme y decidida, Marta del Arco, Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, ha anunciado una serie de reuniones críticas con la Fiscalía de Menores y los directores de los centros de acogida, con el fin de revisar y potenciar los protocolos de protección infantil. Este movimiento estratégico surge en respuesta a un reciente operativo policial que culminó con la detención de doce individuos implicados en supuestos abusos sexuales a cinco menores bajo tutela estatal.

La consejera, mostrando una iniciativa proactiva, ha solicitado también comparecer voluntariamente ante la Junta General para esclarecer los detalles de la investigación que llevó a estas detenciones, una investigación que comenzó con una denuncia interna del propio gobierno, marcada por un manejo cuidadoso y confidencial de la información.

Del Arco se presentará ante el Parlamento para informar y discutir sobre las acciones inmediatas y futuras que el gobierno regional implementará para fortalecer la seguridad y el bienestar de los menores en los centros de acogida. Esta comparecencia refleja su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en un asunto de alta sensibilidad social.

Con un enfoque que subraya la política de tolerancia cero hacia el maltrato infantil, el gobierno del Principado redoblará esfuerzos para optimizar la eficacia de las medidas de protección actuales. Está prevista una serie de reuniones con el personal directivo de los centros residenciales de acogimiento, tanto públicos como privados, para revisar el impacto de los programas de formación orientados a la detección temprana de situaciones de riesgo.

Estas reuniones también servirán para evaluar la reacción de los menores ante las recientes detenciones y para reafirmar la colaboración con la Fiscalía de Menores en la supervisión de los centros y la protección general de los menores.

En un llamado a la sensatez y el respeto, el Gobierno de Asturias ha expresado su profundo rechazo a la politización de estos trágicos sucesos por parte de ciertos grupos políticos, específicamente PP y VOX, quienes, según el gobierno, han intentado usar esta situación como herramienta política. Del Arco enfatiza la importancia de enfocarse en el bienestar de las víctimas y asegurar que tales vulnerabilidades no sean explotadas para fines partidistas.