La Agencia Tributaria se encuentra en el centro de una creciente tormenta de reclamaciones fiscales liderada por jubilados asturianos, una situación que ha puesto de manifiesto las profundas desigualdades en el tratamiento fiscal de las pensiones en España. Este fenómeno surge a raíz de una decisión del Tribunal Supremo que ha abierto la puerta a miles de solicitudes de devolución de impuestos, no solo por parte de jubilados, sino también de viudas y herederos, marcando un precedente en la historia fiscal del país.

Históricamente, antes de la institución de la Seguridad Social en 1967, las mutualidades sectoriales jugaron un papel crucial en la protección social en Asturias, una región con un rico tejido industrial que abarcaba desde la minería del carbón hasta la siderurgia y el comercio. Sin embargo, las contribuciones a estas mutualidades se trataban fiscalmente de manera diferente a las de la Seguridad Social, lo que resultaba en una carga impositiva más pesada para los mutualistas.

La sentencia del Tribunal Supremo, emitida hace un año, ha corregido esta disparidad al reconocer el derecho de los pensionistas de la Mutualidad Laboral de Banca a una reducción fiscal del 100% por las cotizaciones hasta el 31 de diciembre de 1966, y del 25% para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre de 1978. Este fallo histórico no solo beneficia a los mutualistas de la banca, sino que, según interpretaciones jurídicas posteriores, extiende potencialmente este derecho a otros sectores, desencadenando una avalancha de reclamaciones en Asturias.

El impacto de esta decisión es significativo, no solo por las devoluciones que podrían superar los 2.000 euros por caso, sino también por su efecto en las futuras declaraciones de la renta de los afectados. El reconocimiento de este derecho por parte de la Dirección General de Tributos, tras una consulta del sindicato CC OO, sugiere un cambio de paradigma en la interpretación fiscal de las cotizaciones previas a la Seguridad Social.

Este cambio ha motivado a numerosos jubilados asturianos, respaldados por asesores fiscales y sindicatos, a emprender acciones legales para reclamar lo que consideran una injusticia prolongada. La complejidad del proceso, especialmente para una población mayor que a menudo enfrenta barreras tecnológicas, subraya la necesidad de un apoyo continuo y accesible.

La situación en Asturias refleja una lucha más amplia por la equidad fiscal en España, destacando cómo las decisiones legales pueden influir en la política fiscal y social. A medida que avanzan estas reclamaciones, queda por ver cómo responderá la Agencia Tributaria a esta creciente presión y qué precedente sentará para futuras disputas fiscales relacionadas con las pensiones.