El Ejecutivo ha aprobado una partida de ocho millones para financiar la atención y funcionamiento de los servicios de justicia gratuita, un recurso que garantiza este derecho constitucional para aquellos colectivos más vulnerables y quienes acrediten insuficiencia de medios para litigar. La cuantía se distribuye entre los colegios de abogados de Oviedo y Gijón y los procuradores.

Este acuerdo, que avanza en el compromiso del Principado con la mejora de la justicia, es, además, una subvención ampliable, por lo que puede incrementarse si fuera necesario. La cuantía inicial de este año supera en casi 300.000 euros el importe abonado en 2023.

El concepto que más apoyo anual percibe, en el caso de los colegios de abogados, es el turno de oficio; es decir, la asistencia, defensa y representación en los distintos procedimientos, seguida de los pagos por el turno de guardia de asistencia letrada al detenido y el turno de guardia para la atención a víctimas de violencia de género.

La Viceconsejería de Justicia notificó esta misma semana la firma de la resolución por la que se compensará a los abogados del turno de oficio por la disponibilidad de las guardias. Los letrados recibirán algo más de 90 euros por cada día que realicen la guardia y no presten asistencia jurídica. Si esta última se produce, se le abonarán, como hasta ahora, los 104 euros previstos por cada actuación. Este pago fue uno de los compromisos adquiridos por el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, al inicio de la legislatura.

La labor que realiza la Comisión de Asistencia Gratuita del Principado resulta fundamental. Es el organismo encargado de evaluar y reconocer o no el derecho de asistencia gratuita por parte de un ciudadano. Así, en 2023 se resolvieron 17.271 expedientes y se redujo el plazo de contestación a cuatro meses, gracias, sobre todo, a la puesta en marcha en enero de 2022 de una delegación que se marcó el objetivo de disminuir los tiempos de espera.

En su apoyo a este servicio, el Ejecutivo mantiene este año la subvención de 125.000 euros para retribuir a los abogados que presten asistencia gratuita a un ciudadano sobre quien la comisión dictamine posteriormente que no tiene derecho a esa gratuidad. Pese a esta decisión, el letrado será compensado de igual modo.