El Gobierno español, en su último Consejo de Ministros del año, ha aprobado un nuevo conjunto de medidas dirigidas a combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y las secuelas de la guerra en Ucrania. Este paquete, que asciende a unos 47.000 millones de euros, es el octavo impulsado por el Ejecutivo.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha confirmado la continuación de varias medidas clave. Entre ellas, la prórroga de las bonificaciones al transporte público para toda la población, no limitándose a menores, jóvenes y desempleados. Esto incluye la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia para usuarios habituales, así como un descuento del 50% en el transporte autonómico. Las comunidades autónomas contribuirán con un 20% del descuento, permitiendo al Estado subvencionar el 30% restante para abonos y títulos multiviaje.

En el ámbito fiscal, se mantendrá la supresión del IVA en alimentos de primera necesidad, incluyendo pan, harina, leche, queso y huevos, y se reducirá el IVA del 10% al 5% en aceites y pastas durante seis meses más. Sin embargo, el Gobierno ha decidido retirar de manera gradual las bajadas de impuestos en electricidad y gas durante los próximos seis meses, con el IVA del gas recuperándose en febrero hasta el 10%.

El escudo social del Gobierno también incluye la prórroga de la prohibición de desahucios para personas vulnerables hasta 2025, la extensión del aumento de los descuentos del bono social eléctrico, y la prohibición de cortes de suministros básicos. Además, la prohibición de despidos para empresas que hayan recibido ayudas públicas se extenderá hasta el 30 de junio de 2024.

El Gobierno también ha llegado a acuerdos con el Grupo Vasco respecto a cuestiones fiscales y laborales, incluyendo la prorroga del contrato relevo para el sector industrial en 2024 y la integración de los gravámenes a banca y energéticas en el sistema tributario.

Finalmente, se ha aprobado la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a las comunidades autónomas que lo soliciten y la extensión de la eliminación de comisiones por la amortización anticipada de crédito de tipo variable hasta junio de 2024, junto con el incremento del umbral de renta para acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios.