El Gobierno de Asturias ha aprobado hoy la oferta de empleo público de 2023, que incluye 1.924 plazas para garantizar la continuidad de los servicios públicos y avanzar en la senda de la estabilización mediante la reducción de la temporalidad de la plantilla.

Cabe destacar que todas las plazas se corresponden con vacantes, es decir, la oferta no crea nuevos puestos, sino que convoca aquellos ya existentes que es necesario cubrir con personal fijo a través de los correspondientes procesos de selección. Se distribuyen del siguiente modo:

•    732 en el ámbito del Servicio de Salud del Principado (Sespa), con especial incidencia en el personal médico y de enfermería.
•    87 de los cuerpos de funcionarios docentes.
•    877 de personal funcionario y laboral, entre el que se encuentra personal de centros de asistencia directa al ciudadano, como enfermería, auxiliares de enfermería y auxiliares educadores de centros del organismo autónomo ERA y de la propia Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, así como plazas de bombero para el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa).
•    48 para la estabilización por el procedimiento de concurso.
•    180 de promoción interna para delineantes y guardas del medio natural.

También se ceden cinco plazas a la Universidad de Oviedo y otras cuatro al Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) para que las incluyan en sus respectivas ofertas de empleo público.

Una de las características más destacadas de esta OPE es la previsión de varias promociones internas:

•    112 plazas de bombero en el ámbito del Sepa.
•    180 plazas para cumplir la Ley del Principado de Asturias 2/2023, de Empleo Público, que facilitará que los guardas del medio natural puedan promocionar al nuevo Cuerpo de Agentes Medioambientales del Grupo B. En este conjunto de puestos por promoción interna también se incluyen las plazas de delineante.

La oferta de empleo público no es un instrumento parcial o compartimentado, sino que se aplica en el conjunto de la Administración autonómica, lo que incluye tanto el ámbito educativo como el sanitario, los servicios sociales, la prevención y extinción de incendios y el resto de servicios públicos y administrativos.