FACUA.-La Fiscalía de Sevilla ha emprendido actuaciones por un presunto delito de falsedad en documento mercantil tras una denuncia de FACUA-Consumidores en Acción contra Movistar.

La compañía aportó a la asociación un contrato en blanco con una firma manipulada para demostrar una falsa alta objeto de una reclamación. La empresa incluyó al usuario afectado en dos registros de morosos por negarse a pagar casi 600 euros de penalización tras anular una línea que nunca solicitó.

La Fiscalía ha comunicado a FACUA que "ha acordado interponer denuncia ante el Juzgado Decano de Sevilla, por considerar que los hechos constituyen un delito de falsedad en documento mercantil".

En septiembre de 2010, Carlos F.L., de Sevilla, recibió una factura de Movistar correspondiente a un número desconocido para él. Tras reclamar la anulación de la línea, le llegó un segundo recibo, de nada menos que 589,74 euros.

El operador pretendia cobrarle esa cantidad en concepto de penalización por haber incumplido un supuesto contrato de permanencia aparejado a un iPhone que asegura que le entregó cuando se produjo el alta.

Tras ser incluido en los registros de morosos Asnef y Badexcug por no pagar dicha cantidad, el afectado se asoció a FACUA para que emprendiera actuaciones en defensa de sus derechos.

El equipo jurídico de la asociación reclamó al operador que anulara los recibos emitidos irregularmente y excluyera al usuario de los ficheros de morosos.

"Adjuntamos contrato para su comprobación", indica el director de Servicios Comerciales de Movistar en una carta donde afirma que Carlos sí contrató la línea.

Para demostrarlo aportó un contrato donde no aparecen ni los datos personales del usuario ni el número de teléfono dado de alta, sólo una firma que ni siquiera está manuscrita, sino manipulada digitalmente e insertada en cuatro apartados del documento.

Tras sus acciones en defensa del afectado, Movistar ha comunicado a FACUA que anula la factura por la penalización y que ha excluido al usuario de Asnef y Badexcug.

La asociación espera ahora que los tribunales depuren las posibles responsabilidades penales y que la Agencia Española de Protección de Datos sancione a la empresa por las irregularidades en el alta y haber inscrito al afectado en los registros de morosos.