El Ejecutivo actualiza la guía de contratación para promover prácticas más éticas y sostenibles

El Ejecutivo actualiza la guía de contratación para promover prácticas más éticas y sostenibles

El Ejecutivo asturiano ha anunciado la actualización de su guía práctica, originalmente aprobada el 3 de mayo de 2018. La revisión, realizada con el objetivo de adaptar la guía a las normativas más recientes, pone un énfasis renovado en criterios laborales, de igualdad, éticos y medioambientales.

Esta actualización, que refleja un esfuerzo continuo por alinear las prácticas de contratación de la Administración autonómica con las tendencias y regulaciones actuales, introduce nuevas recomendaciones que buscan profundizar en una contratación administrativa más consciente y éticamente responsable.

Un aspecto destacado de la revisión es la inclusión de cláusulas medioambientales. Se han añadido dos anexos específicos a la guía para resaltar la importancia de la compra pública verde y del cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad ambiental. Estas cláusulas son aplicables tanto en la etapa de planificación y redacción de proyectos de obra civil como en la ejecución de las obras.

La guía, que ahora lleva el nombre de "Guía práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social, laboral, de igualdad, éticas y medioambientales en la contratación administrativa de la Administración del Principado y su sector público", refleja un compromiso con la concertación social. Entre sus objetivos está el de incrementar la calidad del empleo, facilitar el acceso al mercado laboral a grupos en desventaja, promover la igualdad y el comercio justo, y fortalecer la protección del medio ambiente.

Con esta actualización, la guía establece un marco claro y detallado para la implementación de prácticas de contratación más responsables. Se detallan los pasos a seguir y las cláusulas a tener en cuenta para cada aspecto de la contratación, asegurando así que el proceso no solo cumpla con los requisitos legales, sino que también refleje un compromiso ético y sostenible de la Administración autonómica y su sector público.

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