La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), con Ángel de la Fuente como director ejecutivo, ha presentado un informe que despierta debate en el panorama financiero español, especialmente en Asturias. El informe propone un sistema de condonación de deuda para todas las comunidades autónomas de régimen común, basado en el criterio de "población ajustada". Según este sistema, Asturias podría optar al perdón de aproximadamente 2.132 millones de euros, lo que representa casi el 48,73% de su deuda total, estimada en 4.376 millones de euros hasta junio.
Este planteamiento surge en el contexto de los acuerdos de investidura entre PSOE y Sumar, y la promesa de condonar 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña. De la Fuente, aunque generalmente opuesto a amnistías financieras de esta índole, sugiere que si se van a implementar, deberían hacerse con criterios equitativos basados en la población ajustada de cada comunidad. La propuesta de Fedea estima que la condonación total a todas las regiones implicaría un coste aproximado de 88.000 millones de euros.
Sin embargo, De la Fuente advierte sobre los peligros inherentes a esta estrategia. Según él, la "condonación incondicionada de deuda" podría exacerbar los problemas ya existentes en el sistema de financiación de las autonomías, alentando una posible "indisciplina fiscal". Esto se traduce en un riesgo de que las comunidades autónomas puedan incurrir en gastos excesivos con la expectativa de rescates financieros futuros sin consecuencias significativas.
Por otro lado, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha presentado un cálculo alternativo, según el cual el perdón de la deuda de Asturias alcanzaría los 652 millones de euros, una cifra significativamente menor al estimado por Fedea. Este cálculo representa aproximadamente el 15% del total de la deuda del Principado.
Este complejo escenario financiero plantea importantes preguntas sobre la gestión fiscal y la equidad en el tratamiento de las deudas autonómicas. Mientras las propuestas y cálculos continúan generando debate, las implicaciones a largo plazo de cualquier decisión en este sentido podrían tener un impacto profundo en la economía regional y nacional.
