Un grupo de entidades vecinales, sociales y ambientales, incluyendo Greenpeace, han formado un frente común para denunciar lo que consideran una gestión deficiente del agua por parte del Govern de Catalunya. Esta crítica se produce en un contexto de preemergencia por sequía declarada en el Área Metropolitana de Barcelona y el Sistema Ter-Llobregat, con las reservas de agua en un alarmante 18,45%.

Las organizaciones acusan al Gobierno de falta de firmeza ante los intereses económicos y de no abordar adecuadamente la demanda de agua frente a modelos de crecimiento intensivos en su uso. Ejemplifican su argumento citando el aumento previsto del 25% en turismo para 2039 y proyectos de gran envergadura, como nuevas viviendas, terminales de cruceros y pistas de aeropuerto, que implicarían un mayor consumo de agua.

Un punto crítico en la denuncia es la ausencia de restricciones significativas para los grandes consumidores de agua, como la agroindustria y la ganadería intensiva, a pesar de las medidas de preemergencia. Además, señalan la insuficiencia de los 12 millones de euros destinados a reducir el consumo de agua en el sector turístico, considerando sus grandes beneficios.

La falta de transparencia es otro aspecto subrayado. Las entidades exigen la publicación de datos de consumo de agua de los grandes consumidores y critican la falta de sanciones por incumplimiento de restricciones de consumo.

La situación se agrava con la advertencia de un posible aumento en la factura del agua, lo que podría agravar la pobreza hídrica. Actualmente, un 9,7% de los hogares en el Área Metropolitana de Barcelona ya destinan más del 3% de sus ingresos al pago de sus facturas de agua. Las organizaciones alertan sobre el impacto de las desalinizadoras, que, aunque necesarias, son intensivas en consumo energético y pueden elevar aún más los costos.

En resumen, las entidades piden una revaluación urgente del modelo de gestión del agua en Cataluña, enfocándose en una reducción del turismo y de la industria intensiva, así como un replanteamiento del modelo agroindustrial. Además, recalcan la importancia de mantener la gestión pública del agua para asegurar su accesibilidad económica y evitar la sobreexplotación de recursos hídricos.

Este llamamiento a la acción se produce en un momento crítico, donde las decisiones actuales podrían determinar el futuro hídrico y ambiental de Cataluña.