Shakira, la estrella mundial de la música, ha acordado con las autoridades fiscales españolas aceptar una condena de tres años de prisión, que no cumplirá, y una multa de 7,3 millones de euros por fraude fiscal entre 2012 y 2014. El magistrado José Manuel del Amo ha emitido una sentencia firme que impide el recurso y cancela cualquier juicio adicional. La cantante ha manifestado que su prioridad es el bienestar de sus hijos y la tranquilidad personal frente a la angustia de un proceso penal.

Shakira admite con este acuerdo ser residente fiscal en España durante esos años y, por lo tanto, debía tributar en el país. Se evita así la comparecencia de hasta 117 testigos que hubieran testificado sobre su vida en Barcelona en esa época. A pesar del pacto, Shakira aún enfrenta una segunda querella por un presunto fraude fiscal en 2018, por el cual la Fiscalía ha solicitado la intervención de Interpol.

Este proceso legal y económico, que incluye la devolución del importe defraudado más intereses, destaca las consecuencias económicas significativas para figuras públicas en casos de evasión fiscal y subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento fiscal.