El gobierno de Asturias ha revelado un plan para asignar fondos en el presupuesto de 2024, destinados a ejercer un derecho de preferencia en la compra de viviendas de protección oficial (VPO). Esta medida, anunciada por el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, pretende brindar al gobierno regional prioridad en la adquisición de estas propiedades sobre otros compradores potenciales.

El objetivo declarado de esta iniciativa es doble: ampliar el parque inmobiliario público y combatir la especulación y los pagos no declarados en las transacciones de VPO. Estas prácticas incluyen la venta de viviendas subvencionadas a precios por debajo del mercado, combinadas con pagos adicionales en negro, una táctica que, aunque puede parecer beneficiosa para las partes involucradas, tiene implicaciones más amplias en la equidad y transparencia del mercado inmobiliario.

Sin embargo, esta propuesta suscita cuestiones sobre la efectividad y las posibles consecuencias no intencionadas. Por ejemplo, podría argumentarse que la intervención del gobierno en el mercado de VPO puede disuadir a inversores privados, afectando potencialmente la oferta general de vivienda. Además, la medida plantea preguntas sobre cómo se gestionarán los fondos asignados y la transparencia en su uso.

Además de esta medida, el consejero destacó la importancia de las políticas de vivienda orientadas a los jóvenes, aunque no se proporcionaron cifras concretas. Este enfoque en la juventud es crucial, dado el desafío creciente que enfrentan los jóvenes para acceder a la vivienda, pero requiere un análisis detallado para garantizar que se aborden sus necesidades específicas de manera efectiva.

El anuncio también incluye una revisión del funcionamiento de las oficinas urbanísticas territoriales, sugiriendo una posible reorganización, aunque los detalles de cómo se llevará a cabo y cómo afectará el acceso y la gestión de la vivienda siguen siendo inciertos.

Así pues,  mientras que la iniciativa de Asturias representa un esfuerzo para abordar problemas en el mercado de VPO y apoyar a los jóvenes, también plantea preguntas importantes sobre la eficacia y las implicaciones a largo plazo de tal intervención gubernamental en el sector inmobiliario.