Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat de Cataluña y prófugo de la Justicia, ha solicitado escolta a la Generalitat, argumentando un aumento en el "nivel de peligrosidad y riesgo" al que está expuesto en Bélgica. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, confirmó que el Ministerio del Interior "tramitará" esta petición. Sin embargo, el gobierno belga tendrá la última palabra sobre la autorización de agentes armados en su territorio.

Si se aprueba, el operativo de escolta de Puigdemont podría costar cerca de 300.000 euros al año. Cada uno de los escoltas recibiría un sueldo anual de aproximadamente 75.000 euros, que incluye un salario base y dietas internacionales. Se espera que el dispositivo cuente con un mínimo de cuatro efectivos.

A pesar de la predisposición mostrada por el Gobierno y la Generalitat, aún no se ha fijado un plazo para concretar esta operación, que incluiría la coordinación entre al menos tres gobiernos: el catalán, el central y el belga. La Generalitat, en una carta remitida al ministro Fernando Grande-Marlaska, ha reclamado un "servicio de protección adecuada y dimensionada" para Puigdemont, similar al que reciben otros expresidentes de la Generalitat.

Este asunto se ha vuelto delicado, atrapado entre las presiones de Puigdemont para obtener escolta y las del Gobierno español para negarla. Aunque todas las partes asumen que Puigdemont debería recibir nuevamente escolta, la operación no será sencilla y su implementación sigue en el aire, sin una garantía de cuándo se materializará.