Utilizando la dimisión de António Costa en Portugal como un punto de referencia por su rápida respuesta ante las acusaciones de corrupción, se puede realizar un contraste con la situación política en España. Costa, al enfrentar investigaciones por prevaricación y tráfico de influencias, eligió renunciar para "preservar la dignidad de las instituciones democráticas" y por considerar que su cargo "no es compatible con la sospecha de la práctica de cualquier acto criminal".

En contraste, en España, Pedro Sánchez enfrenta acusaciones de corrupción por parte de líderes de la oposición como Santiago Abascal, quien lo califica como "el epítome de la corrupción" y critica el presunto ofrecimiento de amnistía y compensaciones económicas a políticos catalanes independentistas, incluido Carles Puigdemont, a cambio de apoyo político.

Este paralelismo entre las respuestas de los líderes de Portugal y España ante situaciones de sospecha de corrupción resalta diferencias significativas en la percepción y la actuación política frente a la ética y la responsabilidad pública. La dimisión inmediata de Costa contrasta con la estrategia de Sánchez, quien, según sus detractores, no ha tomado medidas similares a pesar de las acusaciones en su contra. Las decisiones de ambos líderes ponen de manifiesto la importancia del mantenimiento de la integridad y la confianza pública en los sistemas democráticos y las instituciones que los representan.

En el contexto de un análisis crítico, se podría argumentar que la democracia no solo se mide por la capacidad de un gobierno de ser elegido y actuar de acuerdo con los deseos de su electorado, sino también por cómo sus líderes responden a las acusaciones de corrupción y por la transparencia y la rendición de cuentas a la que se someten. En este sentido, el caso de Portugal podría verse como un ejemplo de rápida responsabilidad política, mientras que la situación en España podría percibirse como una demostración de las complejidades y desafíos que enfrentan las democracias modernas, donde las acusaciones de corrupción y las negociaciones políticas pueden enturbiar las aguas de la gobernabilidad.