El acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes para una ley de amnistía, y las concesiones económicas a Cataluña vinculadas a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, plantean serias preocupaciones. El descontento se extiende por España, y más sectores se suman a la oposición de lo que perciben como un pacto que subvierte la igualdad ante la ley y la integridad del sistema judicial.

La amnistía a los implicados en el referéndum ilegal de 2017 y en la declaración unilateral de independencia de Cataluña, y la exigencia de Junts per Catalunya de todas su condiciones y exigencias tanto políticas como económicas, pueden interpretarse como una concesión política que pone en tela de juicio la imparcialidad de la justicia. Un grupo de intelectuales y ciudadanos, agrupados en la plataforma cívica Consenso y Regeneración, se han manifestado en contra de la amnistía y han exigido una repetición electoral, argumentando que la medida carece de legitimidad democrática y no fue anunciada en el programa electoral del PSOE.

Además, figuras políticas como Alberto Núñez Feijóo han expresado su desacuerdo, sugiriendo que la decisión debería someterse a todos los españoles en lugar de ser aprobada solo por una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, como se espera que haga el PSOE.

La medida ha sido justificada por Pedro Sánchez como un paso hacia la reconciliación entre Cataluña y el resto de España, pero la oposición argumenta que la medida está motivada por la conveniencia política más que por la convivencia.

Este acuerdo, y las tensiones que ha generado, podrían provocar un aumento en las manifestaciones y la discordia en las calles, lo que podría llevar a una fractura aún más profunda en la sociedad española y una crisis impredecible en el estado de derecho y la cohesión nacional. La situación pone de relieve la delicada balanza entre la gobernabilidad y la percepción de justicia e igualdad ante la ley, con posibles implicaciones a largo plazo para la convivencia en España.