En el contexto de las negociaciones de Pedro Sánchez con partidos independentistas catalanes para asegurar su investidura como presidente del gobierno español, se presentan diversas interpretaciones sobre los conceptos de legalidad, legitimidad y lealtad desde una perspectiva político-filosófica. Los acuerdos políticos con partidos que promueven la independencia de Cataluña, aunque sean legales dentro del sistema parlamentario español, suscitan debates sobre su legitimidad y las expectativas de lealtad tanto del gobierno como de los ciudadanos.

Legalidad

Se refiere al cumplimiento de las leyes establecidas. En este caso, la investidura de Sánchez sería legal si cumple con los requisitos y procedimientos definidos por la Constitución y el sistema parlamentario de España.

Legitimidad

Por otro lado, es más abstracta y se relaciona con la percepción de justicia y aceptación moral de una acción o decisión. Desde la perspectiva de la Constitución de 1978, la legitimidad en España descansa en la "indisoluble unidad de la nación española", y cualquier acción que promueva esta unidad es considerada legítima, mientras que lo que la ataca es ilegítimo. Esto plantea la cuestión de si las concesiones a los independentistas catalanes, que representan una fracción de la población y persiguen objetivos que podrían percibirse como contrarios a la unidad de la nación, pueden considerarse legítimas. El artículo 2 de la Constitución declara el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran España, pero también reafirma la unidad del país como fundamento del orden constitucional.

Lealtad

En política implica una devoción e identificación con una causa o comunidad política, sus instituciones y objetivos. Sin embargo, la lealtad puede ser un concepto fluido y a menudo está sujeta a las dinámicas de poder y reciprocidad entre líderes y seguidores. La lealtad se ha asociado con la fidelidad a principios éticos y morales que superan el oportunismo político. En este sentido, la lealtad de Sánchez a los electores y al pueblo español en general se cuestiona si las concesiones a los independentistas contradicen las promesas de su campaña electoral y si estas acciones sirven o socavan la cohesión y la integridad de la nación.

Así pues, la legalidad de la investidura de Sánchez no está en duda si sigue el proceso parlamentario. Sin embargo, su legitimidad puede ser cuestionable si las concesiones hechas son vistas como contrarias a la unidad nacional, un principio central en la legitimidad del Estado español. Finalmente, la lealtad que Sánchez puede esperar del pueblo español podría verse afectada si sus acciones se perciben como una traición a los principios fundamentales de la Constitución y a las promesas hechas durante su campaña.