•    La normativa, en vigor desde el 26 de mayo, protege a las personas vulnerables, impide abusos, ofrece rebajas fiscales a arrendadores y controla los precios de alquiler, entre otras medidas

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a través de la Dirección General de Vivienda, inicia hoy una campaña informativa en redes sociales sobre la nueva Ley de Vivienda, ante el desconocimiento de buena parte de la ciudadanía. El objetivo es dar a conocer los beneficios de la norma, en vigor desde el 26 de mayo, para personas en situación de vulnerabilidad, propietarios y propietarias de inmuebles de alquiler y arrendatarios y arrendatarias.

La campaña, que se desarrollará a través de las redes sociales de la consejería, utiliza una serie de infografías que responden a las principales dudas en torno a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.

Entre otras cuestiones, explica las cinco claves de la normativa, qué protección ofrece ante posibles desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, las rebajas fiscales para propietarios y propietarias de inmuebles de alquiler, cómo se controlan los precios en zonas tensionadas, qué son los grandes tenedores y a quién corresponde pagar los gastos extraordinarios y los de las agencias inmobiliarias. Además, informa sobre cómo la ley evita que se produzcan abusos antes de firmar un contrato de alquiler.

Esta iniciativa llega poco después de que el consejero Ovidio Zapico anunciara en la Junta General, el pasado 17 de octubre, su intención de lanzar una campaña informativa para “impulsar y poner en valor” esta ley.

Zapico subrayó entonces que esta ley incorpora más beneficios para quien alquila un piso, al tiempo que invitó tanto a los grupos parlamentarios como a la opinión pública a “leer y conocer” el texto. A su juicio, la información que la ciudadanía recibe sobre la norma llega “de forma sesgada y manipulada”, lo que da lugar a una percepción que “no se corresponde con el texto, con el espíritu y con las consecuencias y beneficios favorables que su aplicación va a traer para la ciudadanía”.

La Constitución Española establece en su artículo 47 que todas las personas tienen derecho a disfrutar de “una vivienda digna y adecuada”. Para ello, “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias” y establecerán las normas pertinentes para hacer posible este derecho.