En un acto que podría ser descrito como un intento audaz de reescribir la historia, SUMAR, liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha desvelado una propuesta de amnistía que no solo busca limpiar las hojas de servicio de los implicados en el procés, sino que también extiende su gracia a los miembros de los Comités de Defensa per la República (CDR) y Tsunami Democràtic, conocidos por sus actos de protesta que, en ocasiones, cruzaron los límites de la legalidad.

La propuesta, presentada en Barcelona, abarca un período que va desde el 1 de enero de 2013 hasta la constitución de las Cortes en agosto pasado y tiene un carácter sorprendentemente masivo. Desde Carles Puigdemont y otros miembros del Govern que organizaron el 1-O, hasta los 700 alcaldes investigados por apoyarlo, y las 700 personas imputadas penalmente en protestas separatistas, todos ellos podrían ver sus pecados legales lavados por esta propuesta de amnistía.

Pero, ¿es esta propuesta un acto genuino de reconciliación o un intento descarado de manipulación política? La propuesta de SUMAR, que incluso va tan lejos como para amnistiar las actuaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intentaron impedir el referéndum (excluyendo aquellos acusados de torturas u otros delitos contra la integridad moral), ha sido criticada por su aparente intento de resolver un conflicto político a través de la absolución legal masiva.

La propuesta se ha descrito como una "segunda fase despenalizadora" tras la concesión de los indultos y la supresión del delito de sedición, y se reconoce que busca "resolver desde un punto de vista político el conflicto existente entre Cataluña y el Estado español". Sin embargo, esta afirmación contradice el relato secesionista que ve la amnistía no como un punto final, sino como un mecanismo que "pondrá el contador a cero" para comenzar a negociar un referéndum acordado con el Estado, cuyo resultado sea vinculante.

Jaume Asens, el interlocutor entre la vicepresidenta segunda del Gobierno y Puigdemont, defendió la propuesta con la afirmación de que "En una democracia no mandan los jueces, mandan los ciudadanos". Pero, ¿es esta propuesta realmente un acto de democracia, o es un intento de subvertir la justicia en nombre de la política?

La propuesta ha sido recibida con escepticismo por parte del Govern, con la consejera de Presidencia del Ejecutivo catalán, Laura Vilagrà, considerando que una presentación pública "no es la mejor manera de contribuir a la negociación" y apelando a la "discreción". Mientras tanto, Toni Comín, ex consejero de la Generalitat y actual negociador con SUMAR, sostiene que la propuesta "es buena" y abrirá un camino que el PSOE eventualmente tendrá que transitar.

La propuesta de amnistía de SUMAR, que imita la propuesta que ERC, Junts y la CUP llevaron al Congreso en 2021 (y que fue rechazada por el PSOE, el PP y Vox), se enfrenta a un futuro incierto y a una fuerte oposición. La pregunta que queda en el aire es si esta propuesta es un paso hacia la reconciliación y la resolución del conflicto, o si es un intento de borrar las transgresiones del pasado sin abordar las raíces del problema.

En cualquier caso, la propuesta de amnistía ha encendido las alarmas en el panorama político español, y lo que sigue promete ser un debate acalorado sobre la justicia, la memoria y el futuro de la relación entre Cataluña y el Estado español.