En el tejido mismo de una sociedad democrática y de derecho, la amnistía propuesta para aquellos encausados por el referéndum ilegal de 2017 en Cataluña plantea un dilema fundamental. Aunque la reconciliación y la paz social son anhelos legítimos, debemos considerar el peligro inherente que implica desafiar el imperio de la ley y minar los principios fundamentales sobre los cuales descansa nuestra democracia. Hay cuestiones que hay que tener muy en cuenta a este respecto:

• Imperio de la ley: La amnistía podría ser percibida como una violación del principio del imperio de la ley. Podría dar la impresión de que se permite la impunidad para acciones que contravienen la legislación vigente.

• Desincentivo para cumplir la ley: Otros grupos podrían ver la amnistía como un precedente que sugiere que violar la ley puede no tener consecuencias, lo que podría desincentivar el respeto a las normas legales.

• Desigualdad ante la ley: La amnistía podría ser considerada injusta por aquellos que no estuvieron involucrados en el referéndum ilegal. Podría crear una percepción de desigualdad ante la ley, ya que algunos serían eximidos de responsabilidad mientras otros enfrentarían consecuencias legales por actuar dentro del marco legal.

• Integridad del sistema judicial: La amnistía podría socavar la integridad del sistema judicial y la autoridad de las decisiones judiciales. Los tribunales podrían considerar que su labor se ve disminuida si sus fallos pueden ser anulados por decisiones políticas.

La propuesta de amnistía, aunque pueda surgir del deseo legítimo de reconciliación, plantea riesgos inaceptables para la salud de nuestra democracia. Más allá de la emotividad del debate, debemos recordar que el imperio de la ley es el cimiento sobre el cual se construyen sociedades justas y equitativas. La amnistía no puede ser permitida si eso implica socavar este principio fundamental que garantiza la igualdad y la justicia para todos.