En el laberinto de la política española, Pedro Sánchez se mantiene en el centro de atención, tomando decisiones que levantan interrogantes sobre la relación entre el poder político y el imperio de la ley. Dos ideas centrales colisionan en este escenario: su posible regreso a la presidencia, gracias a un pacto con los partidos nacionalistas catalanes, y su promesa de amnistía a los involucrados en el referéndum ilegal de 2017, se combinan con su polémica eliminación del delito de sedición del Código Penal. ¿Qué sucede cuando el delito de sedición ya no existe? ¿Estamos ante una autorización velada para una rebelión popular?
El pacto inquietante con los nacionalistas catalanes
La política de pactos es una constante en la democracia, pero cuando estos pactos comprometen la esencia de la legalidad, surgen preocupaciones legítimas. Pedro Sánchez, en su búsqueda desesperada de mantener el poder, ha acordado apoyarse en partidos nacionalistas catalanes, prometiéndoles una amnistía a cambio. Esta promesa plantea una pregunta fundamental: ¿puede un político, un presidente del gobierno, pedir a los ciudadanos que cumplan las leyes cuando él está dispuesto a cambiarlas y ofrecer una amnistía a quienes las violaron en 2017?
El referéndum ilegal de 2017 en Cataluña fue un desafío directo a la legalidad española. Aquellos que lo organizaron y participaron en él desafiaron abiertamente la Constitución y las leyes españolas. Ahora, Pedro Sánchez parece estar dispuesto a borrar esas infracciones y otorgar impunidad a los implicados a cambio de apoyo político. Esta maniobra plantea la inquietante cuestión de si la ciudadanía debe seguir respetando las leyes si el propio líder del país está dispuesto a modificarlas y perdonar a quienes las violaron.
La sedición que ya no existe
La segunda pieza de este complicado rompecabezas político es la eliminación del delito de sedición del Código Penal español, una decisión que ha generado un debate acalorado. La eliminación de este delito ha supuesto una forma de allanar el camino para reducir las penas y otorgar indultos a las cabezas políticas del independentismo catalán.
La pregunta que surge es evidente: si el delito de sedición ya no existe en el código penal, ¿significa que ahora hay carta blanca para una rebelión popular? ¿Se ha eliminado la disuasión legal para futuros actos de desobediencia civil? La decisión de Pedro Sánchez de eliminar este delito plantea preocupaciones legítimas sobre la capacidad del Estado para mantener el orden y la legalidad en situaciones de crisis política.
Pedro Sánchez se encuentra en una posición comprometida, donde su búsqueda de apoyo político ha llevado a compromisos que cuestionan la integridad de la legalidad en España. La promesa de amnistía a los catalanes que desafiaron la ley en 2017 y la eliminación del delito de sedición plantean preguntas cruciales sobre la autoridad del Estado y la coherencia de las leyes. En última instancia, la ciudadanía debe decidir si la legalidad es una calle de doble sentido, donde los líderes pueden cambiar las reglas a su conveniencia, o si la ley debe ser igual para todos, independientemente de su posición política. El futuro de España está en juego, y la respuesta a estas preguntas determinará su camino.
