• El Ejecutivo autonómico desarrollará protocolos de actuación en aquellas áreas donde sea necesario proteger los derechos de estas personas, especialmente en educación y sanidad

El Principado creará una mesa de trabajo con todos los colectivos involucrados en la defensa de los derechos y libertades de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales para elaborar el borrador de la futura ley LGTBI autonómica, cuyo nombre dependerá también de las decisiones que se adopten en ese marco.

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, que ha anunciado hoy esta iniciativa, ha insistido en la necesidad de “resolver la anomalía existente en Asturias respecto a otras comunidades”, ya que el Principado es, junto con Castilla y León, la única autonomía que aún carece de una normativa específica en este campo. Rodríguez ha hecho estas declaraciones tras la ronda de contactos que ha mantenido con los diferentes colectivos afectados desde que asumió su cargo.

En este contexto, ayer se reunió con representantes de la asociación Llar Trans, formada por personas trans, menores y adultas, así como sus familiares y personas de su entorno. “Han hecho aportaciones muy interesantes y fundamentales para el colectivo LGTBI que debemos resolver, ya que no podemos seguir siendo una de las dos comunidades sin ley LGTBI propia”, ha indicado Rodríguez.

“Esta va a ser la legislatura en la que se haga realidad esa ley LGTBI”, ha afirmado. “Pretendemos que esta ley, y todas y cada una de las actuaciones que hagamos, nazcan con el mayor consenso posible, con el mayor nivel de aportación y, sobre todo, con el objetivo de avanzar en derechos para mejorar la vida del colectivo LGTBI”, ha precisado.

Por otro lado, Nuria Rodríguez ha subrayado la importancia de “trabajar activamente” en la creación de protocolos de intervención concretos que protejan los derechos y libertades del colectivo en aquellos ámbitos en los que sea más urgente su conocimiento por parte de los profesionales implicados, especialmente en educación y sanidad.

Con independencia de lo que marque la futura ley, la directora general ha recordado que ya existen este tipo de protocolos en otras comunidades. “Asturias necesita una mayor implicación y conocimiento por parte de los profesionales de estos ámbitos para saber cómo proceder en situaciones concretas que experimentan estas personas”, ha añadido.