• Hace cuatro años percibían estas prestaciones económicas para financiar servicios un total de 2.032 personas

• Derechos Sociales incrementó un 72% los fondos dedicados a la atención a dependientes, hasta 50,1 millones

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar duplicó en la pasada legislatura el número de beneficiarios de ayudas para financiar cuidados profesionales vinculados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En concreto, a lo largo del mandato comenzaron a percibir esta prestación económica 2.032 personas, hasta alcanzar un total de 4.115. 

Actualmente, estas personas reciben fondos para cubrir el coste de servicios privados acreditados de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o de atención residencial que oscilan entre un mínimo de 314,63 y un máximo de 786,58 euros al mes, superiores en ambos casos a las fijadas recientemente a nivel estatal.

La titular de la consejería, Melania Álvarez, ha aportado estos datos durante la reunión de la Mesa Sociosanitaria de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), en la que también han participado la directora general de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez; el director general de Autonomía Personal y Mayores, Enrique Nuño, y la gerente del ERA, Nerea Monroy.

“La apuesta del Gobierno del Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por los servicios profesionalizados a personas dependientes ha disparado el número de beneficiarios, gracias al fomento y la mejora de las prestaciones económicas, lo que ha contribuido a aliviar las listas de espera de los servicios públicos”, ha explicado Álvarez.

La consejera también ha recordado que su departamento puso en marcha un plan de choque en materia de dependencia que se ha traducido en un aumento del 72% de la inversión global en este campo, hasta alcanzar los 50,1 millones, lo que supone 21,1 más que en 2019. Esta partida beneficia a un total de 15.042 personas dependientes que reciben prestaciones económicas. De ellas, 4.115 perciben ayudas para costear servicios profesionales.

El incremento del número de beneficiarios ha supuesto un aumento de la inversión social del 36% en el período comprendido entre 2019 y 2022: 10,6 millones más por el incremento de personas atendidas. Por su parte, la mejora de las cuantías de las ayudas a servicios privados supondrá un desembolso de 10,5 millones adicionales este año.