• Las empresas que faciliten la primera experiencia laboral en prácticas recibirán apoyo económico de la comunidad autónoma

El Gobierno del Principado ha abierto una nueva línea de ayudas para favorecer la incorporación al mercado laboral, con un contrato en prácticas, de desempleados menores de 30 años. En concreto se dedicarán casi 2,3 millones en dos anualidades, 2023 y 2024.Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico refuerza su lucha contra el paro juvenil.

El Consejo de Gobierno ha autorizado esta mañana el gasto para este programa de nueva creación, que se ejecutará por dos vías:

• Por un lado, el  Servicio de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) destinará 1,2 millones a apoyar a las empresas que faciliten esta experiencia laboral a jóvenes titulados universitarios que se encuentren en paro tras finalizar sus estudios.
• Por otro, se dedicarán 1,1 millones a apoyar la contratación en prácticas de jóvenes desempleados inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Las empresas que opten a estas ayudas tendrán que cumplir dos requisitos: disponer de centros de trabajo en Asturias y haber formalizado contratos formativos para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios de los beneficiarios.

La medida tiene carácter retroactivo, de modo que podrán acogerse empresas que hayan realizado este tipo de contratos entre el 31 de marzo de 2022 y el 30 de junio de 2023.

La cuantía de la subvención variará en función de la duración de las contrataciones, que será como mínimo de seis meses. En el caso de jóvenes de cualquier tipo de titulación inferior a la universitaria, la empresa percibirá un tope de 6.000 euros si el contrato inicial es de doce meses, y la mitad de dinero si es de seis meses.

Para la contratación en prácticas de titulados universitarios, la cuantía se eleva hasta 4.000 euros por seis meses y un máximo de 8.000 euros por cada contrato en prácticas de un año. El objetivo es favorecer la inserción laboral de los jóvenes y el fomento de los contratos formativos.

Este acuerdo se suma a otras medidas adoptadas por el Ejecutivo para impulsar las políticas de empleo. La más reciente fue acordada en el anterior Consejo de Gobierno: 18,2 millones para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad, una partida que beneficiará a unas 3.500 personas.