• El Principado mantiene conversaciones con todas las partes  para evitar que la posible parcelación de los terrenos impida ofertas por el conjunto de los activos industriales

El Gobierno de Asturias mantiene contactos con otras administraciones públicas, la administración concursal e inversores privados para definir las condiciones óptimas que permitan que las instalaciones de Alu Ibérica (antes, Alcoa) acojan un nuevo proyecto generador de actividad y empleo en Gozón y Avilés.

La recuperación de la actividad industrial de la factoría es la alternativa en la que trabajan todas las partes implicadas, ya que únicamente un proyecto de este tipo permitirá crear puestos de trabajo y resarcir la deuda concursal. Los esfuerzos se centran en alinear los intereses de la Unión Europa, de los gobiernos de España y Asturias, de las corporaciones locales y de la administración judicial para garantizar que se pueda cumplir este objetivo.

La generación de las condiciones adecuadas implica encajar múltiples soluciones dentro de un amplio abanico normativo. Los activos se distribuyen entre 146.734 m2 de terrenos de concesión portuaria, regulados por normativa específica, y en parcelas de propiedad de la empresa concursada, hasta completar casi 1,2 millones de m2.

El Principado colabora activamente con todas las partes en la definición de las condiciones más favorables, entre las que podrán incluirse ayudas en función de la inversión que se proponga.  

A la espera de conocer el resultado del procedimiento para la venta global de la parcela de Alu Ibérica, cuyo plazo finaliza hoy, la consejería ha trabajado con el administrador concursal y la autoridad portuaria para anticiparse a otros escenarios. Si se inicia una nueva fase de venta que incluya la parcelación de los terrenos, el Principado quiere asegurar que se puedan presentar ofertas exclusivamente por las instalaciones industriales. Por ello, el Gobierno de Asturias ha mostrado siempre su oposición frontal al desmantelamiento de tales instalaciones.

El objetivo último es que la nueva fase del proceso concursal permita recibir ofertas para poner en marcha una actividad económica que pueda generar un número de empleos incluso superior al de la antigua planta de Alcoa.