Los ingenieros y técnicos forestales dan su receta , preocupados por la situación vivida en Asturias en relación a los incendios forestales:

Una situación bien preocupante por las magnitudes en daños humanos y materiales que se pueden llegar a alcanzar en un futuro. Es esta una tendencia, la de los grandes incendios, claramente marcada en los últimos años a la que debemos añadir, además, la incertidumbre sobre los escenarios que nos deparará el cambio climático en Asturias.

Visto el debate que se ha generado en la sociedad asturiana, nuestro colectivo profesional cree necesario aportar una aproximación al problema desde una perspectiva científico-técnica, centrada en el diagnóstico y las posibles soluciones. Somos conscientes de que una vez que se termine todo este ruido mediático y político (igual que ha pasado en otras ocasiones) será difícil dar visibilidad a la importancia del trabajo en gestión forestal y prevención de incendios.

La complejidad de los incendios forestales en Asturias no facilita la tarea de resumir el problema y desde luego, hace que las simplificaciones sean estériles a la hora de buscar soluciones. No obstante, sí que podemos hacer una aproximación a algunos factores que entendemos que son determinantes: la simultaneidad de los incendios forestales, la situación de la interfaz urbano-agrario-forestal, la continuidad del combustible, la irrupción en el escenario de grandes incendios forestales de gran virulencia y una gestión de las ayudas de la PAC que no está sirviendo para revertir la principal causa de los incendios en Asturias.

En los últimos años está quedando de manifiesto que la extinción, por muchos medios de los que pueda disponer, se desborda y colapsa por la propia situación de emergencia. Condiciones meteorológicas extremas, con fuerte viento sur y alta temperatura, unido a la simultaneidad de los incendios (más de cien en este último episodio), hacen que los medios se centren en defender aquellas zonas prioritarias: pueblos, edificaciones, etc. Esto provoca que multitud de incendios, aparentemente sin peligro, avancen sin control en terrenos de monte, lo que acaba generando nuevas situaciones de riesgo que, ahora sí, demandan medios de extinción. Pero, además, venimos observando otro fenómeno consecuencia de esta simultaneidad de fuegos: las reproducciones de incendios. Son incendios que no se han podido extinguir correctamente porque hay que salir corriendo a otra emergencia y que se vuelven a activar al cabo de unas horas.

A pesar de que la mayoría de estos incendios son intencionados, perseguir judicialmente al que quema arregla poco, porque por desgracia, es muy fácil quemar el monte, pero muy difícil tener pruebas y conocimiento del que los ha provocado. Por tanto, es necesario volver la mirada a otros territorios que, presentando este mismo problema de simultaneidad, han trabajado en la dirección de dinamizar y flexibilizar las quemas prescritas o controladas, han implantado contratos de manejo a través de planes silvo-pastorales y han establecido compromisos vinculantes de desbroces para pasto.

La actual coyuntura de abandono del entorno rural y de las formas tradicionales de explotación agraria nos ha conducido a situaciones de grave peligro en las zonas de contacto entre lo forestal, lo urbano y lo agrario (la conocida como interfaz urbano-agraria-forestal). 

Evidentemente, el escenario actual poco o nada tiene que ver con el de hace tres o cuatro décadas. Por este motivo, el vigente modelo de líneas de subvenciones para que los ayuntamientos realicen cortafuegos, fajas auxiliares, cortafuegos o desbrocen caminos, aun siendo necesario, es un modelo que se queda obsoleto si no se complementa con otros. De hecho, en otras autonomías del entorno mediterráneo, conscientes del problema y aprovechándose del desarrollo tecnológico, centran sus esfuerzos de actuación sobre el combustible en aquellas zonas más sensibles a los grandes incendios, conscientes de que el presupuesto disponible sólo permitirá intervenir sobre una pequeña parte del territorio.

Según las estadísticas publicadas en la Estrategia de Prevención de Incendios, la principal causa de los incendios intencionados se vincula con lo que se denomina “prácticas ganaderas”.  Por este motivo, debemos plantearnos si la política de pagos de la PAC está promoviendo efectivamente modelos de gestión del monte responsables y sostenibles. Es difícil comprender que pueda computar una superficie en la que se pone en peligro, de forma recurrente, el bien más preciado del que disponen nuestros montes: el suelo. Tampoco se puede dejar pasar la modificación de la ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias realizada en el año 2017, que eliminó los acotamientos de ganado en pasto quemado, dejando a la administración forestal sin una importante herramienta para la prevención de incendios y la recuperación de montes quemados.

En todo caso, las experiencias más exitosas de prevención de incendios implementadas en la Península Ibérica siempre han tenido como eje central la conciliación de intereses, el diálogo entre los diferentes actores y los compromisos con nuevos modelos de gestión del territorio. Existen en este sentido, experiencias como el Plan 42 de Castilla y León, que durante los años de su aplicación logró reducir hasta en un 70% los incendios de algunas comarcas con unas inversiones modestas. O por ejemplo, las áreas cortafuegos desarrolladas en Andalucía desde hace décadas, en las que se paga por pastorear determinadas zonas del monte con ganado menor.

La ley de montes asturiana asigna a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial la planificación, coordinación y ejecución de las medidas de prevención de incendios. Sin embargo, y a pesar de asumir más competencias cada día, los medios de los que dispone la Administración Forestal siguen siendo insuficientes. Prueba de ello es casi el nulo desarrollo de las medidas preventivas propuestas en la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias y su ausencia en los diferentes presupuestos autonómicos. La falta de Planes de Defensa en las zonas de alto riesgo de incendio, a pesar de ser una obligación derivada de la legislación actual. O la crónica escasez de personal técnico en la Administración Forestal, que se ve obligado a gestionar cantidades ingentes de territorio, haciendo casi imposible el trabajo sobre el terreno, tan importante en la prevención.

Insistimos, para finalizar, en la idea de que los incendios forestales en Asturias son un problema complejo, con muchas aristas, diferentes percepciones y casuísticas. Pero precisamente nadie puede esperar que, sin poner en el centro de las políticas la prevención de incendios, se pueda avanzar mínimamente en soluciones a este grave problema al que nos enfrentamos. 

Desde nuestro colectivo profesional sólo nos queda esperar que, una vez desaparecido el humo y el ruido de los incendios, la importancia de una gestión forestal responsable y bien dotada se convierta en la auténtica protagonista.