• El Ejecutivo regional reivindicará en un encuentro en Bruselas con la ministra polaca la consideración del carbón como reserva estratégica

• Acude al encuentro tras reunirse con los sindicatos mineros para consensuar una postura común

• El Consejero de Economía y Empleo, José Manuel Rivero, acudirá junto a representantes de los Gobiernos de Castilla-León y Aragón

(Oviedo).- El Consejero de Economía y Empleo del Principado de Asturias, José Manuel Rivero, se reunirá el lunes en Bruselas, acompañado de representantes de Aragón y Castilla y León, con la Ministra polaca Mika-Bryska para plantear la reapertura del debate sobre el futuro del carbón y permitir la supervivencia de las minas más allá de 2018.

El Principado quiere aprovechar que Polonia ostenta la Presidencia Europea para poner sobre la mesa el futuro de la fuente energética, dado que este país se ha manifestado abiertamente a favor de revisar la Decisión de la Unión Europea que pone fin a las ayudas más allá de 2018, en clara sintonía con las pretensiones de los territorios mineros de España.

La falta de interés manifiesta del Gobierno Español sobre el sector ha llevado a las tres comunidades autónomas productoras de carbón a trabajar coordinadamente y diseñar su propia hoja de ruta para luchar por la supervivencia de un sector minero que debe tener garantías de futuro. El Gobierno asturiano se reunió el viernes con los sindicatos mineros para presentar ante la Presidencia Europea una postura en común.

El Gobierno asturiano propondrá a la representante polaca la recuperación del carbón bajo el concepto de reserva estratégica. El mineral permite garantizar la seguridad de suministro ante situaciones de crisis. Al fijar el cierre de las minas en 2018, la Decisión Europea de octubre de 2010 agudiza, sin embargo, la dependencia energética de España, al renunciar a la única fuente autóctona de energía. Con ello, contraviene el Artículo 15.4 la Directiva 2009/72/CE, que sostiene que “Por motivos de seguridad del suministro, los Estados miembros podrán disponer que sea preferente la entrada en funcionamiento de las instalaciones generadoras que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas en una proporción que no supere, en el curso de un año civil, el 15 % de la cantidad total de energía primaria necesaria para producir la electricidad que se consuma en el Estado miembro de que se trate”.

El cierre de las minas antes de final de 2018 conllevaría, además, drásticos efectos socioeconómicos, puesto que sólo en el Principado desaparecerían millares de puestos de trabajo. Varios países europeos se han posicionado en contra de la citada Decisión.

El Principado entiende que las minas que hayan llegado a ser competitivas más allá de 2018 no deberían estar obligadas a devolver las ayudas recibidas, sin perjuicio de que se articulen otro tipo de medidas como la obligación de acometer una mayor inversión en I+D+i o en captura y almacenamiento de CO2, entre otras posibles opciones.