- El Principado invertirá 13,3 millones para apoyar a los concejos en la puesta en marcha de 1.314 puestos más en la red de escuelas de Educación Infantil hasta septiembre de 2024
El Gobierno de Asturias ha autorizado hoy un gasto de 6.356.929 euros destinado a sufragar la segunda convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la creación de nuevas plazas públicas para el alumnado de 0 a 3 años (primer ciclo de Educación Infantil), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del periodo 2023. Esta nueva autorización se adelanta casi cinco meses respecto a la del ejercicio anterior.
Con estos fondos, la Consejería de Educación convocará en breve una nueva línea de ayudas a los municipios para apoyar dos tipos de actuaciones: por una parte, reformas en edificios preexistentes que permitan habilitar más aulas y equiparlas y, por otra, la construcción de escuelas infantiles de nueva planta con el equipamiento correspondiente. Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva.
Para este año queda pendiente otra partida de fondos europeos, por importe de 2,29 millones, dedicada a financiar gastos de funcionamiento de las nuevas plazas de este ciclo educativo.
El compromiso del plan pasa por crear 1.314 nuevas plazas hasta septiembre de 2024, con una inversión global de 13,3 millones.
La mejora de la Educación Infantil se enmarca entre los 25 compromisos asumidos por el Gobierno de Asturias para este año. El Principado tiene suscritos en la actualidad convenios de colaboración con 48 ayuntamientos en el marco del Plan de Ordenación de Escuelas de Primer Ciclo de Educación Infantil. La financiación de estos centros es prioritaria para el Ejecutivo autonómico, que cada año habilita en los presupuestos un crédito ampliable para sufragar todas las plazas. En 2023, la partida para este fin asciende a 21,3 millones, lo que supone un aumento del 19,6% respecto al año pasado.
Otra de las novedades del presente ejercicio es la extensión de la gratuidad total del servicio a las familias con ingresos inferiores a 42.000 euros brutos anuales. De este modo, se estima que la exención del pago beneficiará al 75% del alumnado.