-        El vicepresidente Juan Cofiño, que ha presentado hoy el anteproyecto a la Federación Asturiana de Concejos, destaca su carácter transversal

El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático ha asegurado hoy que la futura Ley de Reto Demográfico “no supondrá obligaciones económicas para los ayuntamientos que no vayan acompañadas de la correspondiente financiación”.

Cofiño, que ha presentado el anteproyecto a la Federación Asturiana de Concejos (FACC), ha indicado que la norma no modifica el régimen competencial de las entidades locales, es decir, “que no se imponen a los ayuntamientos nuevas obligaciones, sino que solo se pretende que incorporen a su acción de gobierno y a sus políticas públicas el punto de vista demográfico”. “Solo remando todos en la misma dirección lograremos revertir nuestra tendencia y transformar nuestra pirámide poblacional, que en estos momentos es netamente regresiva”, ha agregado el consejero.

El vicepresidente ha explicado que la normativa “nace con el objetivo de estar a la altura de las circunstancias del medio y largo plazo que caracterizan la propia naturaleza de la transición y del cambio demográfico al que nos enfrentamos”. En este sentido, ha añadido que el texto establece orientaciones sobre la atención a la población, sus necesidades y aspiraciones; así como sobre la adecuada prestación de los servicios públicos, tanto en los distintos territorios como a las comunidades y grupos de edad. Igualmente, pretende impulsar las distintas funcionalidades de los territorios rurales y urbanos, además de la cohesión entre ellos, y crear nuevas oportunidades.

A juicio de Cofiño, el anteproyecto, que se abordará hoy en la reunión telemática de la Comisión de Administración Local y se remitirá a la Junta General en las próximas semanas, “combina de forma equilibrada las medidas de coordinación de las políticas públicas dirigidas al fomento de la actividad económica y la cohesión social, por un lado, y aquellas tendentes a fomentar el aumento de la población, por otro”.

Durante su intervención, el vicepresidente ha hecho hincapié en que la ley se ha concebido como una norma “que refleje y refuerce, desde el punto de vista legislativo, el amplio consenso político alcanzado en la Junta General con el dictamen sobre el reto demográfico”. Así, ha subrayado que el anteproyecto recoge “muchas de las propuestas y recomendaciones incluidas en el dictamen de la comisión parlamentaria”, relacionadas con el equilibrio territorial, la cohesión social, el medio rural, la economía, el empleo y la formación, la conciliación, la natalidad, la igualdad, la juventud, el envejecimiento, la fiscalidad, la interculturalidad, la inmigración y el retorno, la cultura, el ocio y el deporte.

Además, ha precisado que la norma se configura como “un instrumento versátil, que permitiría a los gobiernos de las siguientes legislaturas, con independencia de su signo, un cómodo desarrollo de las políticas en materia de reto demográfico, que no tienen atajos ni soluciones mágicas e inmediatas”. “Se acompasan con el ritmo y los ciclos de las generaciones, requieren una acción permanente, de día a día, y una mirada puesta en el medio y largo plazo”, ha advertido.

“La normativa tiene carácter transversal y establece líneas generales de actuación en los diversos ámbitos administrativos, con la finalidad de que puedan abordarse de forma coordinada todos los aspectos que inciden en la situación demográfica”, ha añadido.

La propuesta legislativa se compone de 81 artículos y se organiza a través de un título preliminar, seis títulos, una disposición adicional, una derogatoria y dos finales.