En diciembre de 2014 la asociación OCAN y la Fiscalía Anticorrupción presentaron denuncia por las irregularidades observadas en el proceso de ampliación del puerto del Musel, en Gijón, al entender que desde el inicio del proceso, la licitación, adjudicación y ejecución de la obra de ampliación del Puerto se habían cometido irregularidades graves que podían ser constitutivas de delito.
El juicio se celebrará a lo largo de 23 días, distribuidos desde el 16 de enero hasta el 21 de junio de 2023.
Tras varios años de instrucción en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, periodo durante el que se practicaron gran cantidad de diligencias de investigación (interrogatorios de los acusados, testificales, periciales, aportación de documental que recoge las distintas fases del proyecto de ampliación del Puerto, adjudicación y ejecución del mismo) y tras haberse acordado por el Tribunal instructor la continuación del procedimiento, las acusaciones –Ministerio Fiscal, Acusación Popular –OCAN-, acusación particular de la Asociación de Vecinos del Alto Aboño y la Abogacía del Estado- presentaron acusación contra las personas investigadas –altos funcionarios de designación política, a saber, Fernando Menéndez Rexach, José Luis Díaz Rato, Fernando Palao Taboada, Mariano Navas Gutiérrez- y contra los directivos responsables que formaban parte de las empresas de la UTE DIQUE TORRES, esto es, DRAGADOS (hoy ACS), DRACE, FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, ALVARGONZALEZ Y SATO, por la comisión de hechos delictivos que pueden ser calificados como delito de fraude del artículo 436 del Código penal, del que serían responsables todos los acusados, en concepto de autor o de cooperadores necesarios; delitos de malversación o administración desleal; delito continuado de prevaricación y otro delito de prevaricación de los que serían responsables el Presidente y Director del Puerto. Se solicita también responsabilidad civil del Presidente del Puerto y con carácter subsidiario de la Autoridad portuaria y la condena como partícipe a título lucrativo a la mercantil TUDEL VEGUIN S.A.
Todo ello sin perjuicio de la calificación y peticiones definitivas que tendrán lugar tras las sesiones del juicio relativas a la práctica de la prueba.
Desde el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción de Asturies se sigue trabajando para hacer desaparecer de nuestra comunidad autónoma cualquier atisbo de corrupción, redes clientelares y extracción de recursos públicos en favor de intereses particulares. Y se sigue haciendo gala de sus objetivos: luchar contra la corrupción y las actuaciones irregulares especialmente aquellas vinculadas con las administraciones públicas en todas sus formas y entornos, llegando como es el presente caso a la vía judicial, liderando la acusación junto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Cientos de millones de euros de fondos europeos se fueron al fondo del mar, con sobrecostes y facturas infladas dinero público que acabó siendo presa del fraude a la hacienda pública.
