Técnicos especializados del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo han trabajado durante los dos últimos años en el desarrollo de este modelo, pionero en el Estado y coincidente en muchas de sus líneas básicas con el programa Hartz IV, aplicado con éxito en Alemania desde 2005 y que también unifica las prestaciones con la inclusión laboral.

La consejera ha añadido que "el sistema de Renta de Garantía de Ingresos que mantenemos con la reforma consagra su mantenimiento a lo largo de toda la vida, como no lo hace ninguna prestación social en todo el Estado, pero además la vincula a la activación por el empleo". Euskadi concede las mayores cuantías económicas del Estado en este campo con una aportación mensual máxima de 658 euros por perceptor de RGI.

Hasta ahora, la RGI y la PCV eran gestionadas por tres administraciones diferentes: los ayuntamientos (a los que acuden los ciudadanos directamente para tramitar el expediente), las diputaciones (que son las que dan el visto bueno al expediente) y el Gobierno (que es el que paga). "Esta reforma de la ley", ha puntualizado Zabaleta, "libera a ambas administraciones  de la gestión de una prestación para que puedan atender mejor a la amplia agenda que se despliega en la atención al complejo espacio existente entre lo social y lo laboral". En este punto, la consejera ha agradecido la labor de los servicios sociales de base de los municipios vascos así como a las diputaciones por sus "esfuerzos y desvelos".

La nueva fórmula de gestión, que será efectiva a partir del 1 de enero del próximo año, permitirá una tramitación unificada, más ágil y eficaz para el ciudadano y, sobre todo, consolidará  el carácter de estímulo para el empleo que debe acompañar a la RGI y a la PCV. En los dos últimos años, los diferentes programas alentados desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo han conseguido que 3.700 perceptores de prestaciones hayan logrado un trabajo.

Así, la consejera de Empleo ha enfatizado que esta reforma se basa en situar "el empleo como elemento de inclusión". Zabaleta, asimismo, ha remarcado que "el sistema de protección social no solo debe dar prestaciones sino, sobre todo, oportunidades. ¿O no es justo impedir elegir entre un subsidio o un empleo?".

Además, la gestión por parte del Servicio Vasco de Empleo permitirá también que el sistema sea más transparente y un mayor control de la prestación y acabar con los casos de fraude. Es decir, que el sistema sea aún más solidario. El Departamento de Empleo destinará este año alrededor de 400 millones de euros para abonar estas prestaciones, 70 más de los presupuestados. "Es el mayor esfuerzo de solidaridad de la historia del autogobierno", ha recordado Zabaleta. El 40% del gasto de todo el Estado en rentas mínimas corresponde al sistema vasco.

La Renta de Garantía de Ingresos está destinada a personas cuyos ingresos recurrentes no son suficientes para alcanzar niveles de vida que se consideran básicos. "Para administrar con justicia los recursos existentes destinados a este fin debemos ser extremadamente rigurosos con la gestión", ha resaltado la consejera.

Por eso, las personas que soliciten acogerse a las ayudas, además de  acreditar que sus ingresos no alcanzan los niveles mínimos reconocidos oficialmente para cubrir sus necesidades básicas, deberán demostrar su firme disposición a  incorporarse al mercado de trabajo. Los orientadores laborales de Lanbide les trazarán un itinerario personalizado de inserción al mercado laboral, les proporcionarán los cursos de formación que precisen y supervisarán el desarrollo de todas las acciones. El plan piloto de la RGI, desarrollado por Lanbide en ocho municipios vascos, ha permitido que 1.133 perceptores completen cursos de formación y otros 650 hayan encontrado un puesto de trabajo.

La reforma de la Ley también ha introducido otras novedades que tienen como objetivo la mayor rigurosidad posible en la justa distribución de estos recursos destinados a los más necesitados:

• Las personas beneficiarias de la RGI deben contribuir también, en la medida de sus posibilidades, al desarrollo de la sociedad. Por ello, a las personas que acrediten su derecho a acceder a la RGI y no estén trabajando ni en programas de formación para optimizar su capacitación para el mercado laboral, deberán colaborar en trabajos de carácter social cuando sean requeridas por las circunstancias
• Las personas que pretendan acceder a estas ayudas y que lleven entre uno y tres años empadronados en Euskadi, además de cumplir con los requisitos para acceder a estas ayudas, deben acreditar su compromiso para ser activos en la búsqueda de trabajo y presentar una vida laboral con al menos cinco años trabajados en el Estado.
• Ningún perceptor podrá rechazar un empleo. Por ello, se retirará esta prestación a aquellos titulares que rechacen una oferta adecuada de trabajo y acorde a sus posibilidades.
• Los trabajadores con salarios bajos que complementen sus ingresos con la RGI deberán presentar un contrato laboral que lo acredite. Se impondrán medidas sancionadoras contra el empleador que contrate sin firmar un contrato de trabajo. Esta medida irá acompañada de un plan de Inspección de Trabajo.

Estas nuevas aportaciones a la actual Ley acreditan que "la RGI no es un lugar al que se debe acceder para quedar instalado. Debe ser el último refugio cuando se pierde el empleo". La titular de Empleo y Asuntos Sociales ha agregado que "las políticas de prestaciones sociales deben ganar credibilidad, y lo harán cuando la sociedad vasca confíe en que no hay personas, en el sistema, profesionales del fraude. Nos preparamos para ello con una reforma imprescindible de esta Ley".

La cobertura de las prestaciones de garantías de ingresos vascas está a la cabeza del Estado.  El País Vasco concentra por sí solo un 38% del conjunto de titulares de renta en España y más de un 40% del gasto, Y todo ello, a pesar de no suponer sino un 2,4% de la población española en situación de riesgo de pobreza.

Al nivel de Suecia o Austria

Por ejemplo, mientras una comunidad autónoma con alto nivel de desarrollo, como Cataluña, destina 160 millones de euros  (con seis millones de habitantes y unos 34.000 perceptores de esa prestación), en Euskadi se destinan en torno a 400 millones de euros para la RGI, con unos dos millones de habitantes y unos 55.000 perceptores.

En Euskadi las prestaciones de rentas mínimas cubren al 100% de los hogares en riesgo de pobreza, mientras que en el resto de España la media de las comunidades está en torno al 20%.

A nivel de la Unión Europea, el modelo vasco de complemento de rentas mínimas, a través de la RGI, es equiparable a la de países con sistemas de protección social más avanzados. Las cuantías establecidas en el modelo vasco para prestaciones de ingreso mínimo para unidades de convivencia de padres con dos hijos se sitúan al nivel de países como Suecia, Finlandia o Austria.