El Consejo de la Sindicatura de Cuentas aprobó el 22 de diciembre el informe de fiscalización sobre los proyectos financiados con cargo a los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI), ejercicio 2021. El Estado asignó al Principado de Asturias 13,93 millones de euros -un 1,6 por ciento menos que en el ejercicio anterior-, que destinó a financiar un total de 66 inversiones, de las que el 89,6 por ciento fueron en carreteras y, el resto, en proyectos de desarrollo local. Entre las obras están el acondicionamiento de la AS-233, en el tramo entre L´Escampleru-La Granda; el acondicionamiento de la carretera entre Rusecu/Rioseco y Agues; el ensanche y mejora de la AS-318, entre L´Arena y Ranón o el abastecimiento de agua a Abredo (Coaña).
El artículo 158.2 de la Constitución Española dispone que se constituirá un Fondo de Compensación para destinarlo a gastos de inversión, cuya finalidad será corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. El trabajo de fiscalización tuvo como objetivos comprobar la legalidad y la contabilización de las actuaciones realizadas por los gestores de los fondos. La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias emite una opinión de cumplimiento favorable y una opinión financiera favorable.
El órgano de control externo asturiano recomienda integrar la justificación de los criterios seguidos para escoger los proyectos a financiar con los Fondos de Compensación Interterritorial dentro de una fase previa de planificación integral de las inversiones que se van a incluir en el presupuesto. A tal fin, se recomienda también el establecimiento de indicadores en las distintas fases de implementación de las inversiones para permitir la medición de su eficacia, eficiencia, sostenibilidad ambiental u otros criterios de buena gestión.
El informe recoge también un seguimiento de las dos recomendaciones realizadas con anterioridad. La primera fue que la Administración del Principado de Asturias debería justificar el criterio seguido en cada ejercicio para escoger los proyectos que se financian con los FCI, de forma que se acredite que, además de tener naturaleza de gastos de inversión, son seleccionados según una estrategia de desarrollo regional. La administración comunicó que no comparte esta recomendación y no la aplica. Respecto a la segunda, que la Intervención General del Principado de Asturias tuviese en consideración los FCI en su Plan Anual de Control Financiero Permanente, la administración comunicó que no está aplicada, pero que está tomada en consideración.