Derivado de las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se ejecutó orden de aprehensión del Juez Quinto de Distrito en Sinaloa, contra tres ciudadanos.

Lo anterior, por su presunta responsabilidad en los delitos Contra la Administración de Justicia, Ejercicio Indebido del Servicio Público y Falsedad en Declaraciones Judiciales en Informes Dados a una Autoridad, respectivamente.

En paralelo, la SFP realizó auditoría a la División Noreste de la paraestatal que detectó redes de corrupción conformadas por funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, del Poder Judicial en Sinaloa y de particulares, que originaron el pago indebido para la paraestatal de mil 320 millones de pesos en 232 juicios.

La SFP descubrió que las áreas jurídicas y de operaciones de CFE en la Divisional Noroeste y en áreas centrales no ofrecieron defensa eficaz a las demandas de juicios de servidumbre de paso y autorizaron pagos sin controles adecuados.

En un juicio civil, un particular demandó a la CFE el pago correspondiente por la Servidumbre Legal de Paso y, en dicho juicio, el primer implicado --quien fungía como Juez Mixto de Primera Instancia en Mocorito, Sinaloa-- dolosamente conoció del asunto y dictó sentencia, condenando a la paraestatal a un pago ilegal cuando carecía de competencia para conocer y resolver el asunto.

El segundo implicado compareció en dicho juicio como representante legal de la CFE quien, de forma intencional, no ofreció pruebas a favor de la Comisión ni interpuso el recurso legal procedente contra la referida sentencia condenatoria, lo que originó que la aludida resolución causara firmeza jurídica, aún siendo contraria a derecho.

El tercer involucrado como perito en materia de topografía y valuación, dictaminó falsamente, al concluir una afectación económica muy superior a la que efectivamente correspondió.

Las órdenes de aprehensión contra los implicados fueron cumplimentadas por elementos federales. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en el Centro de Ejecución de Consecuencias Jurídicas del Delito, en Los Mochis, Sinaloa; y una vez transcurrido el término de ley, les fue dictado el correspondiente Auto de Formal Prisión, por los delitos señalados.

Por su parte, la SFP está notificando sanciones a ocho funcionarios de la CFE. De estos, cinco están siendo destituidos e inhabilitados y se les imponen sanciones económicas por un monto total de 475 millones de pesos.

Adicionalmente en los próximos días la SFP iniciará proceso de responsabilidad administrativa en contra de ocho abogados de la Divisional Noroeste, y contra diversos funcionarios de las áreas Jurídicas y de Operaciones a nivel central, de la Comisión Federal de Electricidad.

Derivado de lo anterior, y con la finalidad de prevenir que conductas como esta vuelvan a ocurrir, la CFE, en coordinación con la SFP establecerá acciones preventivas: Se uniformarán los criterios de registros contables y presupuestales de los pagos por indemnización de derechos de vía; se elaborará y pondrá a disposición de la CFE una tabla de precios promedio, pagados por servidumbres de paso por región; y se conciliará y digitalizará en coordinación con el departamento jurídico, las líneas que tienen legalmente constituida la servidumbre de paso; además de que se encuestarán a los particulares indemnizados sobre el proceso de indemnización, para medir el grado de transparencia del proceso.

Con acciones conjuntas como ésta, el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Federal de Electricidad, actúa en el marco de la ley para llevar ante la justicia a quienes la infrinjan; y reitera su compromiso de usar todos los instrumentos jurídicos a su alcance para presentar ante los tribunales a los responsables de la comisión de delitos.