La directora general de Energía, Minería y Reactivación, Belarmina Díaz, ha destacado hoy que “cualquier proyecto minero está actualmente sometido a una rigurosa regulación ambiental que determinará, con todas las garantías que establece el marco jurídico, la viabilidad ambiental, o no, del mismo”.  Díaz ha comparecido ante la Comisión de Industria de la Junta General, donde ha señalado que el proyecto minero para Salave, en el concejo de Tapia de Casariego, se encuentra actualmente en la fase de tramitación de declaración de impacto ambiental, periodo en el que se han abierto sucesivas fases de información pública y consulta a interesados que garantizan la transparencia y el cumplimiento de la legislación en materia de ordenación minera, así como de la normativa urbanística y medioambiental.

Belarmina Díaz ha indicado que su departamento es el órgano sustantivo para la tramitación de proyectos mineros, pero en ningún caso es competente para determinar si un proyecto cumple la normativa medioambiental, de medio natural o de uso de acuíferos. Ha añadido que el proyecto minero de Salave plantea un desarrollo durante un plazo de 14,5 años (una parte de labores preparatorias y otra de explotación propiamente dicha), más un período de dos años dedicado íntegramente a la ejecución del plan de restauración. Esta planificación original presentada por los promotores pudiera verse revisada en su caso, si así se considerase en las posibles especificaciones que se recogerán en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).