-   El vicepresidente Juan Cofiño avanza que el nivel de alerta pasará de 45 a 40 microgramos por metro cúbico de PM10, con el fin de disminuir el impacto en la salud de la población

-   El consejero asegura que los niveles de polución han experimentado un descenso continuado en Asturias desde 2004

El Gobierno de Asturias rebajará los umbrales de concentración de partículas inferiores a 10 micras (PM10) fijados actualmente para activar el protocolo ante episodios de contaminación del aire, con el fin de disminuir el impacto en la salud de la población y proteger, especialmente, a las personas más vulnerables.

El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha anunciado en la Junta General que su departamento revisará el protocolo, aprobado en 2018, para poder activarlo cuando la concentración de partículas en la atmósfera sea superior a 40 microgramos por metro cúbico (µg/m3N) para las PM10, frente a los 45 actuales.

Además, el consejero ha informado sobre la introducción de nuevos niveles de activación del dispositivo y medidas de actuación para el ozono y el dióxido de azufre, contaminantes que se sumarán a las partículas PM10 y P2,5 (de diámetro inferior a 2,5 micras) y al dióxido de nitrógeno, ya incorporados  en el protocolo.

Igualmente, se revisarán las autorizaciones ambientales integradas (AAI) y las de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera para incluir condiciones específicas de funcionamiento en casos de activación del mecanismo para frenar la contaminación.

En lo que va de año, el protocolo se ha activado en dos ocasiones en el área de Oviedo y en una en la zona de Cuencas, coincidiendo con el aumento de contribuciones de origen natural, como las intrusiones saharianas y las partículas provocadas por incendios forestales.

Cofiño ha asegurado que desde 2004 los niveles de contaminación en Asturias “han experimentado, de manera general, un descenso continuado, demostrando la eficacia de las medidas adoptadas en el marco de los distintos planes de calidad del aire ejecutados”. “No se producen altos índices de contaminación desde 2010 en el caso de Oviedo y desde 2013 en Gijón y Avilés”, ha precisado.

Respecto al informe de calidad del aire de 2021, Cofiño ha subrayado que todas las estaciones de la red de control del Principado presentaron concentraciones inferiores a los valores límite y los objetivos establecidos en la legislación vigente, con dos excepciones: la estación denominada Matadero, en Avilés, que por su ubicación no se considera representativa de la calidad del aire, y la situada en la avenida de la Argentina, en Gijón, aunque esta última cumplió también con el valor límite tras aplicar los descuentos por intrusiones subsaharianas.

“Existen problemas puntuales y de limitada influencia sobre los que estamos actuando para darles solución”, ha indicado Cofiño. En este sentido, se ha referido a los planes para reducir la polución atmosférica en la zona oeste de Gijón y en el área industrial y portuaria de la margen izquierda de la ría de Avilés

El vicepresidente ha subrayado que “la ambición del Gobierno de Asturias va más allá del cumplimiento legal”, por lo que el nuevo Plan Estratégico de Calidad del Aire del Principado, que se someterá en breve a información pública, “fijará objetivos más ambiciosos que converjan con los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud publicados en 2021”. Según ha explicado, las medidas incorporadas al documento “permitirán cumplir en 2030 el 100 % de las recomendaciones de la OMS en contaminantes como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono e incluso los valores medios diarios de las partículas PM10”.

Retirada de amianto

Por otra parte, Cofiño ha indicado que el Principado impulsará medidas para facilitar la retirada del amianto en instalaciones o emplazamientos de la comunidad, una competencia que la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular atribuye a los ayuntamientos.

El consejero ha señalado que la primera medida será la inclusión de una partida en el proyecto de presupuestos generales de 2023 destinada a apoyar a los municipios que lo precisen en la elaboración de un censo, que también debe incluir un calendario que planifique la retirada de este material contaminante. Además de evaluar la presencia de amianto, los ayuntamientos también deberán valorar los riesgos, ya que el material se eliminará atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En este asunto intervienen tres departamentos del Ejecutivo autonómico: Medio Ambiente, Salud y Riesgos Laborales, con el cometido de inspeccionar y verificar que el mineral se retire adecuadamente y se envíe a un gestor autorizado.

La ley establece que los enclaves de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionados antes de 2028, pero no precisa plazo para las instalaciones del sector privado. “Una vez determinado el alcance de la aplicación de la ley, habrá tiempo para articular medidas de apoyo a aquellos sectores más vulnerables, y es evidente que en el medio rural pueden darse los casos que precisen mayor grado de ayuda”, ha indicado el vicepresidente.