El Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad la ley que regula en Andalucía el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera. De esta forma, la comunidad andaluza se convierte en la primera que desarrolla el uso de esta lengua en el ámbito autonómico, tras la aprobación de la norma estatal.

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social  de Andalucía, Micaela Navarro, ha resaltado el consenso alcanzado en torno a una ley que establece un conjunto de medidas destinadas a garantizar el uso de la lengua de signos española como condición básica de accesibilidad y no discriminación para la población andaluza afectada por este tipo de discapacidades, que supera las 176.000 personas.

Además, la norma incluye disposiciones para fomentar la generalización de los medios técnicos de apoyo dirigidos a aquellas personas con discapacidad auditiva que optan por la comunicación en la lengua oral castellana. Para desarrollar estos objetivos, el texto incluye una memoria económica con una previsión inicial de 406,4 millones de euros hasta el año 2014.

La ley se aplicará fundamentalmente en los ámbitos de los servicios públicos, las relaciones con las administraciones, el transporte, los medios de comunicación, la participación política y las telecomunicaciones.

Como principales novedades respecto a la ley estatal, la norma andaluza regula los servicios de teleinterpretación, que facilitan la comunicación y la traducción entre lengua de signos y lengua oral a través de la videotelefonía, y la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, un profesional que se encargará de facilitar la participación de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.

En cuanto a las personas intérpretes de lengua de signos, el desarrollo de las medidas incluidas en la ley supondrá una notable ampliación de la dotación de estos profesionales en Andalucía, ya que podrán ser requeridos para realizar cualquier tipo de gestión administrativa y también desarrollarán su labor en centros escolares, universidades y cursos de formación laboral. La Junta de Andalucía financió el pasado año la contratación de 281 intérpretes y la previsión es que este número casi se duplique tras la entrada en vigor de la ley.

Además, se promoverá la presencia de intérpretes en los puntos de información y atención al público de las principales estaciones de transporte de viajeros de la comunidad, además de establecer que los servicios de atención telefónica de las administraciones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva. De igual modo, la Administración de Justicia deberá cumplir este objetivo en los procesos de todos sus órganos jurisdiccionales y también se adaptarán los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.

En el ámbito educativo, la ley reguladora del uso de la lengua de signos española establece disposiciones para reforzar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de apoyo que ya se vienen utilizando en los centros escolares, así como para promover la elaboración de planes de estudio adaptados y programas de formación para el profesorado.

En virtud de esta norma, se facilitará la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva a las reuniones plenarias de carácter público de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamento de Andalucía y, con carácter general, a la información institucional y a los programas emitidos por los poderes públicos, los partidos políticos y agentes sociales de acuerdo con la legislación electoral y sindical