Pie de foto; la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, que ha comparecido en la Junta General para informar sobre el ingreso mínimo vital.

-   La consejera Melania Álvarez detalla en la Junta General el proceso iniciado hace dos años para aplicar en Asturias la renta estatal, “que se ha llevado a cabo con publicidad y transparencia”

-   Todas las medidas desarrolladas por el Ejecutivo autonómico tienen por objeto garantizar la prestación económica y favorecer la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad

La consejera de Derechos Sociales ha destacado hoy la actividad desplegada por el Gobierno de Asturias para implantar el ingreso mínimo vital en la comunidad. Las distintas medidas impulsadas por el Principado para facilitar la puesta en marcha de esta renta estatal han permitido rebajar casi un 90% la lista de espera del salario social básico.

Así, desde septiembre de 2019 hasta ahora, los titulares del salario social básico han pasado de 22.284 a 14.319 (7.965 menos). Respecto al plazo de tramitación, se ha reducido de 6 a 1,5 meses. Además, las solicitudes a la espera de tramitación han bajado de 1.478 a 187. En cuanto al gasto medio mensual, ha disminuido desde los 9,9 hasta los 6,4 millones. 

“Hemos desarrollado una actividad frenética y transparente, que nos ha llevado a rendir cuentas en el Parlamento y hacer partícipes no sólo a las administraciones públicas implicadas, sino también a entidades sin ánimo de lucro, agentes sociales, colegios profesionales y, por primera vez, a organizaciones privadas ajenas al ámbito de la inclusión social”, ha explicado Melania Álvarez durante su comparecencia a petición propia en la Junta General.

En el plano normativo, esta actividad ha supuesto la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales y la modificación del reglamento del salario social básico.

Desde la vertiente de la gestión, Álvarez ha resaltado la capacidad de adaptación al teletrabajo durante la pandemia, que permitió mantener el ritmo de tramitación habitual pese a las limitaciones existentes. También ha aludido a la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, que conllevó la revisión de más de 6.500 expedientes, y a los esfuerzos negociadores con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social para agilizar el trasvase de beneficiarios hacia la nueva renta mínima estatal y garantizar los efectos retroactivos desde el 1 de junio de 2020.

En el plano de las medidas de inclusión, la consejera ha valorado el alto grado de coordinación alcanzado entre su departamento y el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), así como la articulación de seis convenios de colaboración con empresas y entidades para facilitar la inclusión social y laboral de los perceptores de rentas mínimas. Hasta ahora se han suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, Tragsa, la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata), las empresas Azvase y Antonio Corripio Servicios y la Asociación de Empresas de Consultoría y Formación del Principado (Cecap-Asturias). Asimismo, ha incidido en la importancia de la puesta en marcha del proyecto Conect-AS, destinado a reducir las brechas digitales que sufren las personas que reciben el salario social o el ingreso mínimo vital.

“Todas estas medidas han tenido como objetivo principal facilitar el ejercicio del doble derecho de las personas en situación de vulnerabilidad, tanto en su vertiente de prestación económica, agilizando la gestión y evitando cargas burocráticas, como desde el punto de vista de la inclusión, mediante la articulación de itinerarios adaptados a sus necesidades y orientados a promover su autonomía”, ha señalado la titular de Derechos Sociales.

La consejera ha avanzado que el siguiente paso será la articulación del Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, en colaboración con entidades locales, organizaciones sin ánimo de lucro, agentes sociales y demás implicados. “El proceso ya ha comenzado y culminará con el Reglamento de la Ley de Garantía y la concreción de la aplicación de la norma en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Principado para 2023”, ha precisado Álvarez.