200 millones en políticas de vivienda hasta 2026 en Asturias

200 millones en políticas de vivienda hasta 2026 en Asturias

 

-        Los fondos se orientarán a facilitar el acceso de la población a este recurso básico, fomentar el alquiler e impulsar la eficiencia energética y la accesibilidad universal

 

El Gobierno de Asturias destinará más de 200 millones a políticas de vivienda hasta 2026, con el fin de facilitar el acceso de la población a este recurso básico, avanzar en la mejora de los edificios, tanto públicos como privados; fomentar el alquiler e impulsar la eficiencia energética y la accesibilidad universal, entre otros objetivos prioritarios.

 

Para avanzar hacia estos fines, el Ejecutivo autonómico ha aprobado hoy la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que permitirá desarrollar el Plan de Acceso a la Vivienda y movilizará ayudas por valor de 56,2 millones. A la partida económica prevista en este plan se suman otros 13,2 millones destinados al Bono Alquiler Joven, una subvención estatal que facilita el acceso a la vivienda y la emancipación y que en Asturias beneficiará a más de 1.700 personas de hasta 35 años.

 

Por otra parte, también en el ámbito de la vivienda, los fondos europeos NextGenerationUE representan hasta ahora para el Principado las siguientes cantidades:

 

ü  47,6 millones del Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) para rehabilitación de fachadas.

ü  800.000 euros del Programa de Rehabilitación Energética de Edificios 5.000 (PREE 5.000) para edificios en municipios de menos de 5.000 habitantes.

ü  27,9 millones para actuaciones de rehabilitación de edificios a nivel de barrio.

ü  12,1 millones para la promoción de vivienda asequible en suelo público.

ü  1,4 millones para acciones de accesibilidad en viviendas del parque público.

ü  33,7 millones para actuaciones de rehabilitación de edificios y a nivel de barrio.

ü  12,3 millones para la promoción de vivienda asequible en suelo público.

 

En suma, se movilizarán recursos por un montante que supera los 205 millones para seguir avanzando en políticas prioritarias para los sectores más vulnerables de la población.

 

Ø  Plan Estatal de Acceso a la Vivienda

 

En este contexto, cobra especial relevancia el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, para el que la Administración General del Estado aporta 44,20 millones y el Principado, 12,01. Estos fondos, que se ejecutarán hasta 2025, se distribuyen en las siguientes líneas de actuación:

 

ü  Ayudas al alquiler: 25,4 millones.

ü  Rehabilitación para la mejora de la accesibilidad: 12,4 millones.

ü  Mejora de la infravivienda en la zona rural: 3 millones.

ü  Incremento del parque de vivienda en alquiler: 15,4 millones.

 

El plan, que se pondrá en marcha tras la firma del correspondiente acuerdo entre ambas administraciones, introduce como novedad la adjudicación directa de las ayudas al alquiler para agilizar la tramitación. Estas subvenciones se concederán por dos años, las convocatorias estarán abiertas durante periodos más largos y los pagos serán periódicos, una vez se presenten los justificantes de los recibos de arrendamiento. De este modo, se favorecerá la emancipación de jóvenes en cualquier concejo y se ofrecerá cobertura a las personas mayores más vulnerables.

 

En el apartado de la accesibilidad, las ayudas podrán solicitarse tanto para obras en edificios o en el interior de pisos como en viviendas unifamiliares. También se habilita una línea orientada a la mejora de la infravivienda en zonas rurales, lo que favorece la dinamización de estas áreas y contribuye a fijar población.

 

El documento centra los esfuerzos en la dotación de ayudas al alquiler, con el fin de que las personas con menos ingresos puedan optar a una vivienda digna. También pretende favorecer la emancipación de la juventud, con mayores subvenciones para el arrendamiento e incluso con ayudas a la adquisición de inmuebles en municipios o núcleos de población de menos de 10.000 habitantes.

Igualmente, incorpora ayudas a la promoción de inmuebles cuyo diseño, instalaciones y servicios respondan a las necesidades de personas mayores o con discapacidad. Estos edificios podrán ser de titularidad pública o privada, y de nueva edificación o rehabilitados, siempre que se destinen durante un plazo determinado al alquiler asequible, con rentas ajustadas y para arrendatarios con ingresos limitados.

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