El Ejecutivo rebaja al 5% el IVA de la luz, prorroga la limitación de la subida del alquiler y la bonificación del carburante, aprueba incentivos para el transporte público y una ayuda de 200 euros para las rentas bajas y eleva un 15% las pensiones no contributivas.

Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que el Ejecutivo es muy consciente de las dificultades que atraviesan las familias y las empresas debido a la escalada de los precios, causada sobre todo por la invasión rusa de Ucrania.

El primer Plan de Respuesta -ha añadido- ha amortiguado los efectos de esa crisis internacional, pero la inflación sigue frenando la recuperación y se mantiene la incertidumbre en todo el mundo, por lo que son necesarias medidas adicionales. El Gobierno estima que el conjunto de actuaciones permitirá contener en 3,5 puntos la subida de los precios.

Pedro Sánchez ha subrayado que este es el mismo Gobierno que se enfrentó al COVID, aprobó una reforma laboral que ha generado más empleo y de mayor calidad, consiguió unos fondos europeos para transformar la economía y logró un mecanismo excepcional que ha amortiguado la subida de los precios energéticos. La respuesta ante la situación actual -ha manifestado- será la misma: proteger a las familias y las empresas, empezando por las más vulnerables y poniendo el interés general y el reparto equitativo de las cargas por encima de los intereses egoístas.

Esfuerzo presupuestario

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, cuya vigencia se amplía hasta el 31 de diciembre. El texto supondrá un esfuerzo presupuestario superior a los 9.000 millones de euros -unos 5.500 en gasto y 3.600 en reducción de ingresos por rebajas fiscales-. En total, hasta final de 2022, el Gobierno habrá destinado a este objetivo cerca de 15.000 millones de euros, según ha explicado el jefe del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno comparece ante los medios de comunicación, tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario. | Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo

Protección frente a los precios de la energía

Un primer conjunto de iniciativas busca proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables, de la subida de los precios de la energía. El IVA sobre la electricidad pasa del 10% al 5% desde el 1 de julio hasta final de año y se mantiene el resto de medidas en vigor, como la ampliación de los descuentos del bono social o la reducción de otros impuestos vinculados a la electricidad.

El nuevo decreto también prorroga la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles hasta el 31 de diciembre. Además, con el objetivo de fomentar el transporte público, se aprueba una reducción del 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestado por el Estado o entidades estatales; la reducción será del 30% para los abonos de las comunidades autónomas o las entidades locales, que podrán completar la medida con sus propios recursos hasta llegar al 50%. Sánchez ha señalado que la reducción se aplicará desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

Subida del Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas

Además, la norma recoge medidas específicas para las personas más vulnerables. Se mantienen el incremento transitorio del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de la suspensión del suministro de energía eléctrica, gas y agua, y el tope del 2% para la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual. También se amplía la suspensión de los desahucios de vivienda habitual para personas y familias vulnerables. Y el aumento de los costes energéticos seguirá sin poder constituir causa objetiva de despido en las empresas que reciban ayudas previstas en el Decreto-ley.

El presidente ha destacado tres medidas adicionales en este terreno: el aumento en un 15% de las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez hasta el 31 de diciembre; una ayuda directa de 200 euros para asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo que residan en hogares con una renta inferior a los 14.000 euros, un pago único que se podrá solicitar durante el mes de julio; y la congelación del precio máximo de la bombona de butano hasta final de año en 19,55 euros.

El presidente del Gobierno comparece ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros | Foto: Pool Moncloa / Fernando Calvo

Apoyo a los sectores más afectados

Otro grupo de actuaciones se centra en los sectores más afectados por la subida de los precios: se prorroga hasta septiembre el aplazamiento en el pago de cuotas de la Seguridad Social para el sector pesquero, agrario y del transporte urbano y por carretera; se destinan ayudas directas a las industrias gasintensivas y se amplían las ya existentes contra la sequía, entre otras iniciativas.

El Real Decreto-ley amplía, igualmente, las medidas de protección a los afectados por la erupción volcánica de la Palma y prorroga el tipo reducido del 4% en el IVA para las mascarillas quirúrgicas hasta fin de año.

Impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas

Al margen del decreto-ley, Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios de la energía.

El presidente ha subrayado que esta iniciativa sintoniza con otras similares que se están adoptando en los países europeos y atiende a las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Europea, la OCDE y el FMI. Sánchez ha defendido que las cargas de la situación deben repartirse de manera justa y que quienes están obteniendo réditos indirectos de la subida de precios deben realizar una "aportación adicional al esfuerzo colectivo".

El presidente del Gobierno comparece ante los medios de comunicación, tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario. | Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo

El impuesto será presentado en las próximas semanas como proposición de ley por los dos partidos de la coalición de Gobierno para que entre en vigor el 1 de enero del 2023, según ha detallado.

Tercer desembolso de los fondos europeos

Durante la rueda de prensa, el presidente ha insistido en que el Gobierno mantendrá el rumbo de modernización del modelo productivo con la ayuda de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este sentido, ha avanzado que confía en que, a lo largo de la próxima semana, la Comisión Europea apruebe el tercer desembolso de fondos europeos por un valor de 12.000 millones de euros, con lo que ya serán 31.000 millones los recibidos por España gracias al cumplimiento de los hitos y objetivos del Plan.