- CSIF intensificará las movilizaciones en septiembre si el Gobierno no accede a  compensar los efectos de la inflación  

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más  representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector  privado, y JUSAPOL (plataforma que agrupa a los sindicatos mayoritarios de Policía y  Guardia Civil) volvió hoy a salir a las calles de toda España, miércoles 22 de junio, 

en defensa de la calidad de los servicios y de las condiciones laborales y  retributivas de las y los empleados públicos, exigiendo al Gobierno que cumpla su  palabra e inicie de una vez las negociaciones para su subida salarial.  

Para CSIF, es fundamental que estas cuestiones se incluyan en el Plan Anticrisis  que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes. 

Estas movilizaciones se producen la víspera a la celebración del Día de Naciones  Unidas para la Administración Pública, que CSIF aprovecha para llamar la atención  sobre la incertidumbre económica y sus efectos sobre los servicios que reciben los  ciudadanos. 

La movilización principal se llevó a cabo frente al Ministerio de Hacienda y Función  Pública en Madrid, mientras que en el resto de España se realizaron concentraciones  similares en las puertas de las delegaciones de Gobierno. Es la segunda vez que CSIF sale a la calle en menos de un mes para exigir al Ejecutivo inicie una negociación para  compensar los efectos de la inflación. Las y los empleados públicos arrastran una pérdida  de poder adquisitivo superior al 15% desde 2010, cuando se les rebajó el sueldo. 

CSIF también reivindica la supresión de la tasa de reposición, la efectiva estabilización  de plazas, mejoras en las condiciones de jubilación, la corrección de desigualdades  retributivas entre administraciones, la actualización de las indemnizaciones por razón del  servicio o la mejora en la atención sanitaria de las mutuas de funcionarios. 

En este contexto, el sindicato presidido por Miguel Borra ha enviado una carta al  Ministerio de Hacienda y Función Pública, emplazándole a convocar “de manera  inmediata” la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, una  vez que el BOE ha publicado las normas de elaboración de los Presupuestos Generales  del Estado (PGE) de 2023.

En la carta le recordamos al Gobierno que “es el momento de pasar de las palabras a  los hechos”, y que el Ejecutivo “no puede rehuir la negociación colectiva incumpliendo  sus compromisos”. CSIF exige al Gobierno que aproveche la tramitación de los PGE  para demostrar el mismo nivel de compromiso y de entrega que las/os empleados  públicos han tenido en los últimos años.  

DÍA DE NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Estas movilizaciones por toda España se celebran la jornada previa al Día de las  Naciones Unidas para la Administración Pública. Ante esta jornada, CSIF expresa su  preocupación ante la incierta situación económica y la posibilidad de que repercuta  en los servicios de las diferentes Administraciones Públicas. 

El contexto actual -con la pandemia, la crisis energética, el alza de precios y el  empobrecimiento generalizado de las familias españolas- ha evidenciado las graves  carencias del sistema en ámbitos tan importantes para el ciudadano/a como son  la Sanidad; Educación, Justicia, Seguridad Social, organismos tan importantes  como el SEPE, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o los dispositivos  en la lucha contra incendios. 

Por eso es más importante que nunca que el Ejecutivo utilice la inminente tramitación de  los PGE de 2023 para dotar a los y las empleados públicos de los recursos financieros  para que continúen realizando su labor al servicio de los ciudadanos con la máxima  calidad, tal y como han hecho durante estos últimos años, a pesar de la pandemia, todas  las dificultades económicas, la alta inflación y el precio elevado de los combustibles. 

En el caso de que el Gobierno vuelva a responder con el silencio, el sindicato  augura ‘un otoño caliente’ si el conjunto de empleados/as públicos no recuperan  su poder adquisitivo, y el Gobierno no atiende otras peticiones para garantizar que  puedan seguir prestando con calidad el servicio al ciudadano, estabilizado las plantillas  de funcionarios o suprimiendo la tasa de reposición.