- Tras la campaña emprendida contra la exclusión financiera y la brecha digital en los servicios bancarios, la PMP ha comenzado de esta manera su interlocución con las administraciones públicas con el objetivo de hacer valer los derechos de las personas mayores ante la creciente y brusca digitalización de numerosos servicios públicos y privados.
- La Plataforma ha reivindicado durante el encuentro la necesidad de un “periodo de transición” en la inevitable digitalización de la sociedad, el cual requiere la coexistencia de la atención presencial y los servicios digitalizados, aunque sea temporalmente.
- Asimismo, ha recalcado la necesidad de un ambicioso plan de formación y capacitación digital de la ciudadanía que preste especial atención a los colectivos más vulnerables en riesgo de “exclusión digital”, como son las personas mayores.
Madrid, 12 de mayo de 2022.- La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, ha trasladado a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial su preocupación por la brecha digital que produce la creciente digitalización de servicios a todos los niveles (económico, informativo y de servicios públicos), así como la necesidad de establecer un periodo de transición que permita una adaptación más paulatina a dicha digitalización de todos los servicios, especialmente para los colectivos más vulnerables, como son las personas mayores.
Así, la PMP ha mantenido un encuentro con miembros de unidades dependientes de la mencionada Secretaría de Estado, que a su vez depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En concreto, a la reunión con la Plataforma han asistido Elena Muñoz Salinero y Daniel Sánchez Martínez, subdirectora y subdirector adjunto de la Subdirección General de Impulso de la Digitalización de la Administración, junto con Ángel Luis Martín Bautista y Sandra Sabroso Torres, subdirector adjunto y jefa de área de la Subdirección General de Planificación y Gobernanza de la Administración Digital, respectivamente.
Tras la campaña emprendida contra la exclusión financiera y la brecha digital en los servicios bancarios, la PMP ha comenzado de esta manera su interlocución con las administraciones públicas con el objetivo de hacer valer los derechos de las personas mayores ante la creciente y brusca digitalización de numerosos servicios públicos y privados, la cual “preocupa especialmente” a la Plataforma puesto que deja prácticamente sin acceso a todos esos servicios al colectivo que representa, que sufre especialmente una falta de formación en competencias digitales.
Por otro lado, la PMP también ha trasladado a sus interlocutores la “perentoria” necesidad de un periodo de “transición” en la inevitable digitalización de la sociedad, el cual requiere hacer compatibles y coexistentes el acceso digital con la atención presencial para los usuarios, aunque sea por un periodo temporal.
La Plataforma también ha reiterado en el encuentro su preocupación, especialmente en el ámbito de las administraciones públicas, por las deficiencias de los portales públicos en términos de accesibilidad, usabilidad y estándares técnicos. Asimismo, ha recalcado la necesidad de un ambicioso plan de formación y capacitación digital de la ciudadanía que preste especial atención a los colectivos más vulnerables en riesgo de “exclusión digital”, como son las personas mayores, habitantes de zonas no urbanas que no están muy bien comunicadas, familias con bajo nivel de renta o que no poseen dispositivos electrónicos ni conectividad.
Para los mencionados grupos de población la PMP recomienda la creación de una “Red Nacional de Centros de Capacitación Digital”, incorporando a centros integrados de Formación Profesional y centros de referencia nacional en esta materia por todo el territorio español.
Por último, durante el encuentro, la PMP se ha ofrecido como agente interlocutor y colaborador con la administración para la implementación de todas las medidas mencionadas, ya sea realizando el diagnóstico de necesidades en colectivos y personas vulnerables; colaborando con entidades locales desde su red asociativa o con la medición del impacto del plan de formación y capacitación digital.
