Pie de foto: el vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, en la Junta General
- La conclusión de las obras de prolongación del colector de Bimenes, con una inversión de 2,8 millones, permitirá corregir el único incumplimiento de competencia autonómica respecto a la directiva europea de saneamiento
El vicepresidente y consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha avanzado hoy que la aglomeración Sella-Piloña, el único incumplimiento de competencia autonómica que mantiene Asturias respecto a la directiva europea de saneamiento y depuración de aguas residuales, se solucionará este año con la conclusión de las obras de prolongación del colector de Bimenes hasta la conexión con el colector interceptor del río Piloña, en Nava.
La actuación, que tiene un coste de 2,8 millones, se encuentra en su fase final y solucionará los problemas que generan el incumplimiento. De este modo, Asturias estará en la mejor disposición para cumplir la directiva europea, tanto en los sistemas de responsabilidad regional como estatal, según ha aseverado Cofiño en una comparecencia ante la Comisión de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta General.
Además, el consejero ha expresado su intención de continuar trabajando en el tratamiento de aguas residuales. En este sentido, se ha referido al Plan Director de Saneamiento y Depuración del Principado, que se aprobará próximamente y que, entre otros aspectos, persigue completar la depuración de todas las aglomeraciones urbanas, incluso las de menos de 2.000 habitantes equivalentes, y gran parte de las agrupaciones rurales, formadas por una o varias poblaciones, que sean susceptibles de soluciones de depuración colectivas.
Embalse de Tanes
Por otra parte, el vicepresidente ha destacado el compromiso del Gobierno de Asturias y de las diferentes administraciones para preservar la calidad del agua del embalse de Tanes y posibilitar el desarrollo económico de los concejos de Caso y Sobrescobio. Igualmente, ha subrayado que, desde la aprobación en 2020 del Instrumento de Gestión Integrado (IGI) de los espacios protegidos de ambos municipios, el Ejecutivo asturiano “ha ido dando pasos para acomodar y compatibilizar los diferentes usos”, a la par que ha recordado que el IGI establece diferentes límites dirigidos a la preservación de la calidad del agua, como el referido a la necesidad de que las embarcaciones que naveguen en el embalse sean cautivas, requisito al que no se presentaron alegaciones por parte de ninguna administración ni entidad.
“A partir de aquí, se ha seguido una tramitación necesariamente compleja, debido a los relevantes valores del espacio y sus usos, y a que intervienen numerosos actores, como ayuntamientos, diferentes departamentos del Principado, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Cadasa, y EDP, entre otros”, ha agregado el consejero.
Asimismo, ha remarcado que Cadasa, “ha ofrecido la máxima colaboración y ha atendido todos los requerimientos en tiempo y forma, reuniéndose con la federación de piragüismo, con los ayuntamientos, con la confederación y con el resto de departamentos del Ejecutivo autonómico, siempre que se lo han solicitado”.
“Es obvio que, siendo sensibles a la aspiración legítima que existe de sacar partido a los recursos naturales del territorio, Cadasa esté obligada a velar por la reducción del riesgo para la garantía de servicio del sistema público de abastecimiento”, ha recalcado Cofiño. En este sentido, ha puesto como ejemplo el impacto que tendría en el sistema la posibilidad de introducción de especies como el mejillón cebra, que pueden llegar a afectar a los procesos de la potabilizadora de Rioseco, a los más de 13 kilómetros de túneles y a otros tantos de conducciones sin desdoblar, que no cuentan con alternativa en caso de que se registrase alguna incidencia por su afección.
