Oviedo / Uviéu, 11 de abril de 2022
El síndico mayor, Roberto Fernández Llera, entregó esta mañana al presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, una copia de la Memoria de Actividades de 2021 de la Sindicatura de Cuentas y de la liquidación del presupuesto de 2021, en el marco de las relaciones entre ambas instituciones. La visita coincide con el tercer aniversario del nombramiento del actual equipo de síndicos, formado por Fernández Llera, Manuel Fueyo Bros y Eduardo Rodríguez Enríquez.
La memoria recoge la actividad fiscalizadora de la Sindicatura de Cuentas, los medios humanos y técnicos con los que cuenta el órgano para llevar a cabo su trabajo y su presupuesto. Otros de los aspectos que incluye son los procesos selectivos y de provisión de puestos de trabajo realizados durante el año, la actividad formativa, tanto online como presencial, y un balance de la rendición de cuentas del ejercicio 2020 por parte de las entidades tanto locales como del sector público autonómico. El documento incorpora, además, las relaciones institucionales y con otros órganos de control externo autonómicos (OCEX) y el Tribunal de Cuentas a lo largo del ejercicio pasado
En 2021, la Sindicatura de Cuentas aprobó trece informes de fiscalización. Ha sido especialmente exhaustiva en el análisis del sector autonómico asturiano. Como cada año, se aprobó el informe sobre la cuenta general del Principado de Asturias, en este caso, correspondiente al ejercicio 2020. Lo ha hecho, además, en total sincronía con los informes correspondientes al mismo ejercicio sobre los fondos de compensación interterritorial y sobre las unidades del sector público autonómico que no forman parte de la cuenta general, la Universidad de Oviedo y las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. Todo ello facilita una visión integradora, ágil y de conjunto del sector público autonómico.
También se fiscalizó el control interno de los ingresos y los avales concedidos por la Administración del Principado de Asturias. En este afán de lograr una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos, la Sindicatura de Cuentas fiscalizó Sogepsa, por petición de la Junta General del Principado de Asturias. En este caso, se recomienda a sus órganos de gestión aprobar un plan estratégico que contenga una decisión sobre cuál va a ser la proyección de la entidad en el futuro, la composición de su capital social y su estatus jurídico definitivo, así como los objetivos, planes y programas fijados para cada posible escenario planteado en función de la evolución del sector en el que desarrolla su actividad, con sus respectivos estados contables previsionales.
Como complemento de estos informes, se realizó un análisis profundo de cuestiones que ponen más el foco en el grado de implantación de determinadas políticas sociales, coordinadas entre la administración autonómica y la local. En esta línea se analizó el Plan Concertado de Servicios Sociales. De igual modo, se incidió en un ámbito especialmente relevante como es el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. En este informe, la Sindicatura de Cuentas analiza en profundidad su funcionamiento y propone una mayor coordinación y una actuación más integradora que redunde en una mayor optimización de los recursos públicos empleados.
También se analizó el grado de implantación de la contabilidad analítica en la Universidad de Oviedo. La Sindicatura de Cuentas llega a la conclusión de que la institución universitaria aún no ha implantado definitivamente y de una manera efectiva un modelo de contabilidad analítica en los términos señalados en la Ley Orgánica de Universidades y que pospone de manera sucesiva el momento de su aplicación, sin que haya determinado una estimación temporal concreta para la incorporación de un sistema de costes.
En 2021 siguió siendo muy relevante la incidencia de la COVID-19, no solo como un apartado a reseñar en muchos de los informes, al afectar a aspectos como contratación, subvenciones o beneficios fiscales, sino también como aspecto a destacar en el propio funcionamiento de esta institución, dado que se ha mantenido un régimen semipresencial en el que, en todo momento, se ha tratado de priorizar la salud de las personas que trabajan en la Sindicatura de Cuentas y la eficacia del propio trabajo. En esta ocasión, los objetivos específicos de fiscalización se centraron en las modificaciones presupuestarias derivadas de la COVID-19 y en la contratación de emergencia. Entre las recomendaciones cabe destacar, por ejemplo, que, en el caso de situaciones de emergencia que se prolonguen en el tiempo, el órgano de contratación, en la medida en que resulte posible, valore implementar cauces menos excepcionales que la contratación de emergencia, tales como la tramitación de urgencia o el procedimiento negociado sin publicidad por razón de urgencia, lo que permitiría optimizar el equilibrio entre la preservación del interés público y los principios y garantías inherentes a la contratación administrativa.
En el caso del sector público local, se añadió un apartado específico sobre el control interno de ayuntamientos con un deficiente historial de rendición, un área de especial riesgo. Asimismo, conviene destacar que los índices más bajos de rendición se encuentran una vez más en las entidades supramunicipales (mancomunidades) y en los consorcios locales. En todo caso, aunque se ha mejorado sustancialmente desde la creación de la Sindicatura de Cuentas, aún es necesario seguir avanzando por este camino hasta lograr la plena rendición de cuentas en plazo y forma por parte de las entidades locales asturianas.
Respecto a la liquidación de 2021, el presupuesto inicial de la Sindicatura de Cuentas ascendió a 3.325.135 euros, un 2,9 por ciento menos que en el ejercicio anterior. En lo que se refiere a la ejecución del gasto, las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 2.311.392,24 euros, lo que representa el 69,5 por ciento del total, debido a que la plantilla tiene plazas vacantes. En cuanto a la liquidación del presupuesto de ingresos, su importe ascendió a 2.517.234,11 euros, lo que representa una ejecución del 75,7 por ciento.
