- Esta decisión permitirá compensar el encarecimiento de materias primas de proyectos en ejecución, licitación, adjudicación y formalización, así como de los que salgan a concurso en el plazo de un año
El Gobierno de Asturias ha acordado hoy la aplicación, en el ámbito de la comunidad autónoma, de medidas excepcionales de revisión de precios en los contratos públicos para evitar la paralización de obras y equipamientos debido al incremento de los costes de las materias primas provocado por la invasión rusa de Ucrania, sumado a la crisis de abastecimiento que se viene produciendo desde el inicio de la pandemia.
El acuerdo, que se corresponde con el Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, modificado parcialmente el pasado día 29, busca atenuar el impacto de la subida de determinadas materias primas necesarias para ejecutar contratos de obras en la Administración autonómica y salvar las licitaciones que están en marcha actualmente.
Los contratos pueden encontrarse en ejecución, licitación, adjudicación o formalización en el momento de entrada en vigor del real decreto ley. También será posible la revisión excepcional de precios en aquellas contrataciones cuyo anuncio de licitación, adjudicación o formalización se publique en la plataforma del sector público en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma.
La condición que se establece para la revisión, que se aplicará desde el 1 de enero de 2021 o desde la primera certificación, es que el aumento del precio de los materiales siderúrgicos, bituminosos, de aluminio o cobre, exceda del 5% del importe certificado en un período determinado (mínimo un año y máximo dos). Además, la cuantía de la revisión excepcional no podrá superar el 20% del precio de adjudicación del contrato. La norma beneficia tanto a contratos que incorporen cláusula de revisión como a los que no la incluyen.
Además, podría ampliarse la revisión de precios a otros materiales, siempre por orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
La medida excepcional se aplicará a la Administración del Principado y a las entidades que integran su sector público. También se hará extensiva a la Universidad de Oviedo y a las entidades locales, si así lo deciden sus órganos competentes.