• Más de un 30% de los hogares de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia sufre este problema estructural, frente al 25% de media que sufren pobreza energética o monetaria a nivel nacional.
• Las comunidades autónomas donde este fenómeno tiene una presencia menor son Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid y País Vasco.
• La directora general de GBCe, Dolores Huerta, afirma que “España tendría que invertir más de 13.000 millones en la rehabilitación de su parque edificado para acabar con la pobreza energética“.

23 de febrero de 2022. Las regiones españolas más afectadas por la pobreza energética son Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, tal y como se desprende de la Estrategia a Largo Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESSE), en su última actualización de 2020.

Este fenómeno estructural afecta a más de un 30% de los hogares en estas comunidades autónomas, frente al 25% de media que sufren pobreza energética o monetaria a nivel nacional. En el lado opuesto se sitúan Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid y País Vasco, donde la incidencia de hogares afectados por la pobreza energética o monetaria oscila entre el 12% y el 20%

“España tendría que invertir más de 13.000 millones de euros en la rehabilitación de su parque edificado para acabar con la pobreza energética”, ha afirmado Dolores Huerta, directora general de Green Building Council España (GBCe), con motivo de la semana de la lucha contra la pobreza energética, que se desarrolla entre el 17 y el 23 de febrero. En este sentido, Huerta ha destacado que, tal y como se recoge en la hoja de ruta del proyecto #BuildingLife, “la rehabilitación es la solución más efectiva y estructural a largo plazo”.

De ese 25% de hogares en pobreza energética o monetaria que tiene España de media, el 62% de los casos se dan en zonas urbanas y más del 60% aparecen en viviendas colectivas. Esto implica que la toma de decisiones sobre la realización de obras es más habitual como un proceso colectivo, en el que deben ponerse de acuerdo los diferentes propietarios del inmueble, con sus propias circunstancias económicas.

Según explica Dolores Huerta, esto hace que la rehabilitación sea más compleja en España, lo que condiciona la solicitud y concesión de ayudas públicas para la rehabilitación de edificios de viviendas colectivas, o la de los préstamos, pues estas comunidades de propietarios carecen de personalidad jurídica propia.

“Esfuerzo conjunto”

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, esta se define como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.

En este sentido, la dirigente de GBCe ha resaltado que esta estrategia rehabilitadora “permitirá a los edificios existentes aportar la habitabilidad socialmente necesaria en términos de confort, salud y accesibilidad”. Para lograr este objetivo, Huerta ha defendido la importancia de lograr un esfuerzo conjunto de todos los agentes involucrados y, especialmente, de los administradores de fincas: “Son fundamentales porque pueden hacer de nexo entre el sector y los pequeños propietarios, que representan un gran número de ciudadanos”, ha explicado.

La directora general de GBCe ha matizado que esto no es suficiente en el caso de hogares que sufren mayor vulnerabilidad, que “deben ser especialmente apoyados por los poderes públicos para asegurar una transición justa y reducir la pobreza energética”.