Manifiesto de la Jornada de Movilización Estatal de Pensionistas  del 12 febrero 2022

Las organizaciones de pensionistas de diferentes Pueblos y Comunidades del Estado  Español firmantes de este manifiesto, convocamos este 12 de febrero una nueva  movilización conjunta y descentralizada, en defensa del sistema público de pensiones y  contra la nueva reforma que pretende recortarlo y devaluarlo una vez más. 

En 2015 bajo la presidencia de Rajoy se pretendió reducir la revalorización anual de las  pensiones a solo un 0,25%, contraviniendo el artículo 50 de la Constitución. La movilización  social de los pensionistas durante tres años fue determinante para bloquear la aplicación del decreto que establecía esa mísera subida y, también, acelerar la caída del gobierno Rajoy. Se 

restableció el “Índice de Precios al Consumo Anual Acumulado” (“IPC Acumulado”, o “IPC  Real”) como índice para la revaloración anual de las pensiones. Este es el mejor sistema para  medir el coste de la vida y el que siempre se usó en pensiones y salarios para garantizar su poder adquisitivo.  

Pero la Ley 21/21 que el actual gobierno de coalición presentó al Parlamento, y este  aprobó por amplia mayoría, establece ahora como referencia de revalorización anual de las  pensiones, el llamado “IPC Medio”, el promedio de los IPC de los 12 meses del año.  Usar el “IPC Medio” en lugar del “IPC Real” supone hacer trampa. Es rebajar las pensiones  y reducir el poder adquisitivo de los pensionistas. Este año el “IPC Real” desde diciembre de  2020 hasta noviembre de 2021 (año contable 2021 a efectos de revalorización) ha sido del  5,5%; sin embargo, el “IPC Medio” fue solo el 2,5%. El resultado de aplicar este nuevo  indicador será perder un 3% de poder adquisitivo en las pensiones contributivas. Por cierto,  un 3% en 2021 y otro 3% en 2022 ya que no habrá más paguillas. Todo ello cuando más de  la mitad de las pensiones están por debajo del salario mínimo. Más de dos millones y medio  de personas reciben una renta que no supera los 650 euros, entre ellas figuran la viudedad,  incapacidad permanente u orfandad. Son las prestaciones más precarizadas.  

Entre los dos millones de personas que se encuentran en pobreza extrema, ocupando el  vagón de cola están las personas que cobran pensiones no contributivas. Su precariedad  tiene mayoritariamente rostro de mujer: dos terceras partes de los pensionistas con  complementos a mínimo son mujeres, titulares de pensiones de viudedad o de jubilación  miserables, consecuencia de las particulares condiciones salariales, de empleabilidad, de  cotizaciones más cortas y bases reguladoras más bajas. Es escandaloso que en plena  campaña electoral en Castilla y León el presidente del gobierno proclame que a ellos se les 

va a realizar la mayor subida de la historia, al prometer aumentarles un 3% salidos de los  presupuestos del Estado. En realidad, también para ellos será la mayor bajada que ha hecho  cualquier gobierno, ya que la subida del IPC es un 5,5% y por tanto van a perder el 2,5% de  poder adquisitivo. 

Finalmente denunciamos que a pesar de que se reconoce que el Sistema Público de  Pensiones (SPP) es sólido y viable, con el RD se avanza hacia la privatización de las pensiones  convirtiendo a la Seguridad Social en una Agencia y abriendo paso a una segunda etapa de  la reforma que regule su privatización. Las pensiones públicas son un derecho, no un  negocio privado. 

Hay que defender el carácter público y de reparto del SPP e impedir los intentos de  privatización. Hay que reclamar la mejora inmediata de las condiciones laborales, derogando  de una vez la Reforma Laboral y subiendo el salario mínimo, ya que la precariedad laboral, genera la precariedad de las pensiones. Por ello llamamos a pensionistas y ciudadanía a  movilizarse este 12 de febrero, para exigir a quienes nos gobiernan que cumplan de verdad  sus promesas. Las leyes lo mismo que se aprueban se pueden derogar y reformar. El  Gobierno tiene la mayoría suficiente para legislar en beneficio de todos y no solo del poder  financiero. 

Llamamos a la ciudadanía y pensionistas a defender unas pensiones dignas, su carácter  público y unas condiciones de trabajo dignas para EXIGIR:  

• Garantizar para 2022 y años sucesivos el poder adquisitivo de las pensiones  revalorizándolas en función del incremento del “IPC real” (el “IPC Acumulado  Anual”) tal como se venía haciendo antes de la reforma de 2011, y compensar la  pérdida del 3% del poder adquisitivo de las pensiones en el 2021. 
• Garantizar que no haya pensiones por debajo del umbral de pobreza, eliminando la  brecha de género en salarios y pensiones y aumentando la pensión mínima hasta  equipararse al SMI, y este situarse en el 60% del salario medio, como recomienda la  Carta Social Europea.  
• Garantizar pensiones públicas dignas, justas y suficientes y el carácter público del  Sistema de Pensiones, derogando los recortes de las reformas de 2011, 2013 y 2021,  y rechazando la privatización total o parcial del mismo, bajo cualquier fórmula. 

Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar (ASJUBI40), 

Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE), Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (EHPM), 

Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP), Movemento Galego en Defensa das Pensiones e os Servizos Públicos (MODEPEN), Unidad-COESPE 

Plataformas Locales de Pensionistas de Badajoz, Móstoles